Violación del Tratado de Escazú: FUNAM denuncia a Milei por derogación de Ley de Tierras
La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) anunció este jueves que el presidente Javier Milei y varios ministros, firmantes del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, enfrentan una denuncia penal en la Fiscalía de Turno de la Justicia Federal de Córdoba.
La denuncia, presentada por el Dr. Raúl Montenegro, destaca la derogación de la Ley de Tierras 26737 como una violación flagrante del Tratado de Escazú y del Convenio 169 sobre Derechos Indígenas, acusándolos de "incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita".
Montenegro, profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba y director del Campus Córdoba del Right Livelihood College, presentó un documento de 76 páginas el 5 de marzo, respaldando la denuncia.
Según la FUNAM, la derogación de la Ley de Tierras habría desencadenado un proceso sin precedentes de especulación y extranjerización de los recursos naturales del país. "Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos", señala Montenegro.
Además de Milei, la denuncia incluye a los ministros Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra Pettovello.
Montenegro exhortó a la justicia a investigar cómo se elaboró el DNU y si hubo influencia de consultores vinculados a intereses particulares. Asimismo, se refirió al DNU como "de nulidad absoluta e insanable", basándose en argumentos jurídicos proporcionados por el ex Juez Federal Miguel Julio Rodriguez Villafañe.
La derogación de la Ley de Tierras generó un fuerte repudio por parte de organizaciones ambientales y sociales. Montenegro destacó que esta medida representa un retroceso en materia ambiental y un desprecio a las comunidades indígenas, en contravención directa al Convenio 169 de la OIT.
Por último, Montenegro criticó duramente la política del gobierno, acusándolo de favorecer a las grandes corporaciones en detrimento del medio ambiente y las comunidades locales. "No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que enfrenta Argentina", concluyó.
