Los rectores piden al Senado que apruebe la Ley de Financiamiento Universitario
Los rectores de las universidades públicas de la Argentina volvieron a solicitar a los senadores a que acompañen el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y que será tratado la semana próxima en la Cámara Alta.
Los rectores también acordaron un proyecto de presupuesto 2025 que prevé una inversión del 1 por ciento del PBI volcado al sistema de educación superior, en un contexto de desfinanciamiento de las casas de altos estudios e institutos de investigación científica por parte del Gobierno nacional.
Las anteriores son algunas de las posiciones surgidas del 92° Plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se reunió este viernes en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa.
“El CIN advierte que el estado de la ciencia en Argentina es alarmante, luego de haber transcurrido los primeros ochos meses de gestión del Gobierno nacional”, expresó en uno de sus párrafos el documento consensuado por los recortes de las más de 55 universidades nacionales.
Al mismo tiempo, exigen “aumentos razonables para el normal funcionamiento del sistema el próximo año”, mientras continúa el reclamo por los salarios de docentes y no docentes, con paros incluidos y un inicio fallido del dictado de clases del segundo cuatrimestre.
Según el proyecto de presupuesto universitario elaborado por el CIN, se requerirán alrededor de 7.190 billones de pesos para 2025, una cifra equivalente al 1% del PBI
Ley de Financiamiento Universitario
El CIN dio luz verde este viernes al “acuerdo plenario” que propone que las autoridades universitarias avancen en gestiones con los senadores de cada provincia para persuadir acerca de la trascendencia de una Ley de Financiamiento Universitario, que será tratada la próxima semana en la Cámara Alta, y viene con media sanción de Diputados.
El proyecto establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC-INDEC)
El conflicto por los ingresos de los trabajadores del sistema universitario nacional se remonta a enero, y no se ha dado ningún avance entre las partes: Gobierno habilita unilateralmente actualizaciones salariales muy por debajo de cualquier índice de variación de precios, que son impugnados por los sindicatos y las bases.
Los gremios, nucleados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales, denuncian una pérdida del 40 por ciento del poder de compra desde que asumió Javier Milei.
El artículo que alude específicamente a salarios indica que el Poder Ejecutivo debe “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período”.
“Creo que, cuando empezó este Gobierno, equivocamos el diagnóstico. Temíamos afrontar cierres, arancelamiento o vouchers. Pero lo que pasó fue un desmantelamiento en cuotas de las universidades. No talaron el árbol sino que dejaron de regarlo”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, en declaraciones periodísticas.
“Pedimos a los senadores que acompañen este proyecto que asegura que la universidad pública siga siendo de calidad. Rectores, gremios docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina mantendrán reuniones con los legisladores de sus provincias para explicar la importancia de esta ley”, señaló Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, una de las federaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
En otro texto titulado “La ciencia es la universidad”, se plantea que la falta de actualización salarial de los investigadores, la reducción de la inversión en becas y el desfinanciamiento de programas científicos están generando un impacto negativo en la producción de conocimiento.
Sin vueltas, los rectores advierten: “Convocamos a nuestras comunidades universitarias a velar por el sostenimiento de la política científica de nuestro país que, de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes, lo que impactará directamente en la soberanía y el desarrollo nacional”.
