Cómo está la causa contra familiares del diputado Picat por usurpar campos
Desde que, hace alrededor de dos años, se inició la investigación, los detalles no dejaron de llamar la atención.
Es que en la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero no había muchas referencias de habitantes de las localidades de Jesús María y Colonia Caroya hasta que la investigación avanzó.
La referencia puntual son unas 40.000 mil hectáreas de campo usurpadas en los departamentos Copo y Alberdi, en el norte de esa provincia, cuyos detalles se dieron a conocer en diciembre de 2022.
Allí Pedro Abate, el Fiscal de Estado, refería que los ocupantes ilegales eran “la mayoría de extraña jurisdicción”, y mencionaba las localidades de Jesús María y Colonia Coroya, aunque también empresas y personas físicas de Chaco y Santa Fe.
En esa lista se destacaba José Luis Picat, padre del actual diputado por el radicalismo, Luis Picat, aunque también figuraban Víctor Iván Picat, Pablo Miguel Picat, Mario Albino Picat, María Belén Picat.
Además estaba apuntada la firma El Cebil S.A., recordada en 2018 cuando puso en marcha el primer biodigestor del país, que “convertiría el excremento producido por los cerdos en energía y gas”.
En aquel momento, el dueño del emprendimiento porcino, Luis Picat, explicó las bondades de la novedad.
Hasta ese 2018 Picat fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María y se desempeñaba como concejal. Entre 2019 y 2023 fue intendente.
Así siguió los pasos de su abuelo Albino Picat y su tío Héctor, también mandatarios de la localidad.
Por aquel tiempo, desde Santiago del Estero se referían a los acusados como “gente con una capacidad económica avasallante”; se los denominaba ”los adelantados de Caroya y los Condes de Jesús María" y se remarcaba que tenían “claras intenciones de formar un barrio de usurpadores en ese rico paraje, reserva natural de la riqueza santiagueña”.
Las denuncias, certificadas por las autoridades del Poder Judicial santiagueño, refirieron que había "maquinarias de gran volumen y última generación, las que les permiten efectuar grandes estragos con su utilización y la acción ígnea dolosa, desmontando extensas superficies".
La causa, hoy
En el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3 y radio Universidad, retomaron la continuidad del proceso, que está en “la investigación penal preparatoria” y que puede derivar, pruebas mediante, en el juicio.
El Director de Asuntos Penales de la fiscalía de Estado santiagueña, Marcelo Acuña, sentenció que desde el Juzgado de Control Monte Quemado, a cargo de Facundo Sayago, “se dispusieron allanamientos y detención de varios imputados en febrero de 2023, entre ellos integrantes de la familia Picat”, pero que siguen la causa en libertad mientras se siguen recolectando pruebas.
“Nosotros certificamos que los campos le corresponden a la provincia de Santiago del Estero y queremos saber si hubo delito, por eso hicimos la denuncia”, sentenció, apuntando que están atentos a la investigación del fiscal Luis Gómez.
Respecto a los acusados, adujo que "no hemos recibido ninguna presión" y “trabajamos de acuerdo a las constancias y los elementos de la causa”.
También agregó que “algunos imputados en ejercicio de su derecho defensa, han solicitado el sobreseimiento, que aún no han sido resueltos”.
La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero es querellante y también actor civil en el proceso por “Daños y Perjuicios”, solicitando la “Reivindicación” por lo ocasionado.
Rodrigo Martorell, asesor jurídico de la Dirección de Tierras y medio ambiente de la Fiscalía de Estado adujo que “la idea es restablecer nuestros bosques, que han sido destruidos con terribles incendios de nuestro patrimonio”.
El funcionario descartó que se haya tratado de “una ocupación pacífica”, sino que más bien era “destructiva”, ya que querían y en algunos casos habían iniciado “producciones agropecuarias a gran escala”. Iban desde soja y maíz o garbanzos a la pastura para ganado y no descartó algún proyecto inmobiliario.
Al respecto de los Picat involucrados, adujo: “Se trata de grupos empresariales que trabajan con muchas empresas: de desmonte, agroservicios o de producciones propias, pretendiendo instalarse. También realizaban prestaciones de servicio para otras partes que estaban en el sector. Por todo eso queremos que respondan”
Respecto al avance de la causa, remarcó que “a veces la idea de los involucrados es querer dilatar los juicios para seguir explotando los campos”, pero celebró haber modificado “estrategias judiciales” para imponer “medidas cautelares que les impidieron producir las tierras” en cuestión.
“Para ellos, su suerte final es siempre perder el proceso. Saben que estar usurpando un inmueble que no les pertenece, por eso también la producción desenfrenada de esas tierras”, concluyó.
