“La universidad no es prioridad para el Gobierno”, dice la presidenta de la FUA

Prioridades. Mientras contempla un aumento del 94 por ciento para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei otorga a las 60 universidades nacionales una actualización del 28 por ciento, probablemente por detrás de todas las proyecciones inflacionarias. ¿Se trata simplemente de una ley de presupuesto diseñada para ser rechazada?

Se puede decir sin errar que la educación pública no es una de las prioridades oficiales. En su último informe de opinión pública, Zuban Córdoba y Asociados realizó un extenso escaneo de las percepciones, las tendencias y los quiebres sutiles de opinión. Las universidades públicas lucen en la cima del ranking de confianza social, con más del 70 por ciento.

“Si bien uno puede reconocer que históricamente la Argentina ha tenido una deuda con la educación, y siempre nos ha tocado desde el sistema universitario luchar por el presupuesto, luchar por la ampliación del sistema, luchar para que haya mejores becas, la realidad es que el sistema universitario está hoy atravesando su mayor retroceso básicamente porque está en medio de la peor crisis que le ha tocado enfrentar desde la recuperación de la democracia”, dice Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), en contacto con Cba24n.

Parece no importar al Ejecutivo el mensaje lanzado por la ciudadanía el pasado 23 de abril en la primera Marcha Federal Universitaria, ni los sondeos que valoran la educación -su acceso, su calidad, su gratuidad- como principal recurso de movilidad social. Horas después de aprobada la ley de financiamiento universitario, Milei adelantó que el veto será “total”.

Si las cosas estaban mal entre el Gobierno y la comunidad universitaria, con el veto en el horizonte, la situación se torna irremontable. “Vamos a un conflicto duro”, anticipó un gremialista, sin adjetivos para el destrato que suelen ceder las autoridades de Capital Humano. El próximo jueves 26 habrá un paro nacional universitario y la reversión de la Marcha Federal es ya un hecho: se dará en los primeros días de octubre, en función de la sesión especial en Diputados en donde se insistiría con el proyecto original.

“No ha habido otro Gobierno que haya atacado tan frontalmente, primero desde lo simbólico y desde las decisiones en términos de políticas públicas, pero fundamentalmente desde el desfinanciamiento y el ahogamiento al que se está sometiendo al sistema universitario”, agrega la cordobesa al frente de la FUA.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley que indexa al IPC-INDEC la recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

“Lo que la universidad pública está pidiendo -a través de la ley- es lo que necesita para poder garantizar efectivamente su funcionamiento. No es una demanda caprichosa e indiscriminada en un contexto de crisis, se trata de pedir lo mínimo e indispensable para poder funcionar. La ley de financiamiento universitario tiene un impacto del 0,14 por ciento del PBI. Hoy se invierte en educación universitaria menos del 1 por ciento del PBI y el presupuesto 2025 que presentó Milei va a la baja”, tercia Fernández, referencia de Franja Morada, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El desprecio hacia el sector, flagrante, indisimulable, hizo que todos los actores se unieran en el reclamo. Los rectores nucleados en el CIN (“es, a todas luces, un presupuesto malo”, dijeron), el movimiento estudiantil y los gremios universitarios confluyendo en el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Quizá, para clausurar el debate sobre prioridades, basta con remitirse al excel del presupuesto proyectado. El Gobierno propone un aumento del 94 por ciento para la SIDE, como forma de doblar la apuesta tras el rechazo del DNU para gastos “reservados”. La asignación actual para la SIDE es de $101.816 millones, casi duplicada para 2025 en $197.238 millones. Vigilar y castigar.

Movilidad social descendente

Los trabajadores docentes y no docentes del sistema nacional universitario convocarán una nueva Marcha Federal Universitaria, con la idea de insistir en el Congreso con la ratificación de la ley de financiamiento universitario que, ya adelantó Milei, será vetada.

El próximo jueves 26 habrá un paro nacional universitario, sin asistencia a los lugares de trabajo y sin actividad durante toda la jornada

“La realidad hoy es que tenemos el 85 por ciento de los docentes universitarios y el 60 por ciento de los no docentes por debajo de la línea de pobreza. Eso genera situaciones tales como que los profesores vengan con un recibo de sueldo para explicar la situación al estudiantado o que narre la cantidad de trabajos que debe tener para intentar llegar a fin de mes. Esto por supuesto produce un agotamiento terrible que afecta directamente la calidad académica”, dice Fernández a Cba24n.

Los informes y análisis sobre la pérdida acumulada son numerosos. Por citar uno, según cifras del Consejo Superior de la UBA, los salarios de los docentes universitarios han perdido, en promedio, entre 35 y 55 por ciento en estos primeros ocho meses de Milei y Luis Caputo, ministro de Economía y “dueño de la lapicera”.

“El Poder Ejecutivo ha demostrado, incluso durante la campaña, que la universidad no es una prioridad. Lo han hecho cuando suprimieron el Ministerio de Educación, o cuando comenzaron con la campaña de desprestigio contras los gremios y todo el sector universitario”, agrega la titular de la FUA.

Estudiantes

“En los estudiantes existe una situación de muchísima angustia porque hay un esfuerzo inmenso de muchos para poder sostener sus trayectos académicos. Muchos se ven obligados a trabajar. O el esfuerzo familiar para poder pagar un alquiler, servicios, apuntes, cuando todos estos costos han duplicado o en algunos casos triplicado sus precios. Lo único que no ha acompañado de la misma manera son los aumentos de las becas estudiantiles. Las becas Progresar estuvieron congeladas durante un año (hoy significan $35.000)”, grafica Fernández parte del paisaje del estudiante promedio de las universidades públicas.

La titular de la FUA expresa que no se trata de un conflicto de naturaleza económica, porque los datos exhiben que el equilibrio en materia fiscal no corre riesgo, más bien, dice Piera Fernández, “se trata de un conflicto ideológico”

“Además la calidad académica se degrada no sólo por la cuestión salarial. Los programas de extensión están desfinanciados, los programas investigación desfinanciados, los proyectos de innovación científica y tecnológica desfinanciados… la realidad es que hay un ataque sistemático a los dos pilares fundamentales de la universidad pública argentina que son los que le dan el reconocimiento regional e internacional; me refiero, por un lado, a la excelencia académica y, por el otro, a su acceso irrestricto”, agrega.

Sin dudas, la manera de ver el mundo, las formas de concebir el Estado y la sociedad, determinan las prioridades de gestión.

“El Gobierno está decidiendo no poner recursos en la universidad porque sus prioridades son otras. Y ahí es importante el rol del Congreso, porque los legisladores tienen que fijar también cuáles son las prioridades del Estado. Si la prioridad es la SIDE o la educación pública, si es prioritario bajar Bienes Personales para los sectores más acomodados o si se decide atender las demandas de la educación”, cierra la presidenta de la FUA y deja abierta la discusión.