«Planeros VIP»: Soher El Sukaria designó a cinco allegados en la Defensoría del Público
La exconcejal por la ciudad de Córdoba, Soher El Sukaria, referencia del PRO en la provincia, fue objeto de críticas por parte del diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) luego de que se conocieran las designaciones de dirigentes vinculados a su partido en la órbita de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El Sukaria fue centro de las críticas del diputado: “nombró a 5 militantes del PRO Córdoba en la Defensoría del Público. Estos, sin formación en comunicación ni experiencia en auditoría cobran hasta 5 millones de pesos”, expresó vía X en un posteo que tituló “NO COMBATEN LA CASTA, LA AGRANDAN” (las mayúsculas son originales).
En contacto con Cba24n, la titular de la Defensoría del Público responde los dichos de Carro.
“Ojalá el diputado Carro representara los intereses de la provincia con mayor permanencia en el Congreso y espero que pueda presentar más proyectos de ley ya que, hasta el momento, su trabajo deja mucho que desear”, dijo El Sukaria a este medio.
El Sukariaestá actualmente al frente de la intervención del organismo. Los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem, respectivamente, ante la inexistencia de la comisión bicameral encargada de seleccionar un perfil para el cargo, avanzaron a mediados de agosto con el nombramiento de la cordobesa. En ese momento se escucharon los primeros reparos por parte de la oposición.
Según difundió Carro, la exconcejal El Sukaria designó a cinco “militantes” del PRO, entre ellos a su secretario privado, en la órbita del organismo que interviene
En su descargo, la dirigente cercana al expresidente Mauricio Macri dijo que las designaciones tienen como objetivo la creación de un equipo propio para encarar las auditorías en el ámbito del organismo que fuera creado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Carro accedió a la información mediante sus militantes. Cada uno de los designados tiene un perfil adecuado para la auditoria que el Congreso me encomendó”, dice la exconcejal en respuesta a la acusación.
Según El Sukaria, las críticas tienen que ver con la “pérdida de la zona de confort” de los trabajadores del organismo tras resoluciones que llevan su firma
“Estamos agotados de la no colaboración de los trabajadores, que en su mayoría son planta permanente (120 de 140 en total). Este ataque tiene razón luego de que he firmado una resolución, en mi calidad de interventora, para que todos los empleados se presenten a trabajar las siete horas, quedando sin efecto la posibilidad del trabajo remoto”, agrega.
Carro no ha sido el único legislador que presentó objeciones a la designación de El Sukaria al frente del organismo. El diputado y presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, exigió en su momento que se conformara la bicameral responsable de determinar el nuevo titular.
“Quieren meter planeros VIP para llenarse los bolsillos mientras los jubilados sufren. De manera paralela, destruyen el sistema de medios públicos y recortan el acceso a la información pública", comentó brevemente Carro a Cba24n.
Los designados
Los funcionarios designados en la estructura de la Defensoría del Público, todos del círculo más inmediato de El Sukaria, percibirán sueldos de alrededor de $3,5 millones, monto equiparable a lo que cobran los legisladores provinciales.
Los nombramientos se dieron el 18 y el 19 de septiembre. Pablo Steinaker fue designado como secretario general de la Defensoría. Steinaker se desempeña como secretario privado y es el asesor más cercano a El Sukaria.
Otros tres directores generales cobrarán $3.354.721,11. Ellos son Edith María Luisa Córdoba, nombrada como directora Administrativa; Lucía De Bernardi en el área de Protección de Derechos; y Adolfo Enrique Almada en Planificación Estratégica e Investigación. Todos ellos están vinculados al armado macrista en la provincia.
La tarea de la exconcejal es auditar el patrimonio del organismo y determinar si es necesaria una “readecuación” o, en cambio, como es la intención de la interventora, suprimir definitivamente la existencia del ente.
La dirigente cercana a Macri percibe en su calidad de interventora $4.413.601,25. Fue designada sin que se haya creada la bicameral correspondiente para garantizar la participación plural en el organismo.
