Consultora extranjera advierte la pérdida de imagen de Milei y la oposición presiona por los DNU

"Hace tiempo vengo hablando de la idea de golpe que le quisieron hacer al Gobierno… si le sacan la posibilidad de decreto, le impiden a Milei gobernar, directamente", le dijo a un medio porteño el diputado Mariano Campero, el furioso “radical con peluca” que fuera vital para dar por tierra la reforma jubilatoria.

Las formas son el fondo. El axioma toma cuerpo en la figura del presidente Javier Milei, que ha recurrido preferentemente a dos herramientas: Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para proponer; y vetos, para rechazar. Un presidente binario.

En una República donde rige la división de poderes, el uso de decretos y la opción del veto, tiene un costo. “Nada es gratis”, suele exclamar el presidente, experto en generar riquezas con o sin dinero.

Después de los vetos a la reforma jubilatoria y a la ley de Financiamiento Universitario, el costo se traduce en un goteo de la imagen presidencial y en un alza en la desaprobación de gestión del Gobierno nacional.

Así lo exhibe Atlas Intel, la consultora brasileña que dio en el blanco en el ballotage argentino de 2023 y, más recientemente, en la disputa bipartidista en los EE.UU (Atlas Intel y Rasmussen fueron los encuestadores más precisos en los estados clave).

Ahora, la oposición busca limitar el uso de los DNU. Para tal fin fue convocada formalmente en Diputados una sesión especial para el próximo martes 12 de noviembre. Esteban Paulón, diputado por el Partido Socialista de Santa Fe, quien firmó la solicitud, aseguró a este medio que están los 129 votos necesarios para la modificación del régimen de DNU, aspecto que puede ser trascendente para el Gobierno de aquí hacia delante.

“El presidente ha concentrado la negociación política en los 87 diputados y diputadas que le permiten mantener los vetos a las leyes que no desea. Así como el presidente ha consolidado una minoría, un grupo de bloqueo, contra esos 87 diputados se va consolidando una mayoría del otro lado más cercana a los 130, 135 legisladores que estamos planteando una serie de límites con distintos grados”, expresó Paulón a Cba24n.

Otro de los diputados del interbloque Encuentro Federal, el cordobés Oscar Agost Carreño, dijo para esta nota que “al momento de solicitar la sesión, estábamos seguros de contar con más de 129 votos”

El texto que promueve Encuentro Federal (hay otros dictámenes) busca modificar dos cuestiones esenciales en la ejecución administrativa del Gobierno: establece que el rechazo de una sola cámara alcanza para voltear un DNU y fija un plazo de 90 días para que el Congreso lo avale. En caso contrario, el DNU queda sin efecto automáticamente.

Según mandato constitucional, la modificación del régimen que regula los DNU requiere mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, esto es, 129 votos afirmativos. En ese parámetro menor a las 130 voluntades ha naufragado la insistencia por la ley de Financiamiento Universitario, con "radicales con peluca" como héroes del equilibrio fiscal.

“Sabemos, porque ya nos ha sucedido varias veces y es legítimo que así ocurra, que cuando intentamos este tipo de sesiones, el Gobierno hace el esfuerzo necesario para impedir que haya quórum o para que se vote a favor de sus intereses, presionando a los gobernadores mediante las herramientas de caja que dispone. Seguimos trabajando y monitoreando que el apoyo se mantenga por encima de los 129 votos. No es fácil; no contamos con la caja, el aparato ni el poder del Gobierno, pero, siendo temas tan delicados en lo institucional, creemos que alcanzaremos el número razonable para aprobarlo”, dice Carreño, uno de los opositores moderados que más activo se ha mostrado en la Cámara Baja.

Además de tratar la modificación de la ley 26.122, relativa al régimen legal de los DNU, el grupo de legisladores que solicitó la sesión tiene en la mira otra fibra sensible de la gestión económica: dejar sin efecto el decreto 846 que habilita los canjes de deuda extranjera sin el control del Congreso, punto que le ha dado al ministro Luis Caputo mayor poder de maniobra.

“Estos límites al uso de DNU ayudan a la gobernabilidad en términos de la seguridad jurídica. Por eso hemos logrado conseguir 129 votos para aprobar en Diputados la ley de DNU e incluso esos 129 votos también alcanzan para rechazar algunos DNU, como vamos a intentar en la sesión con el de la deuda extranjera”, agrega por su cuenta Paulón.

“La institucionalidad, aunque a veces requiera más tiempo de negociación política, genera que el Gobierno tenga que dialogar con los sectores que no comparten su línea política. Eso es muy sano para el país, es muy sano en términos de la seguridad jurídica que tanto desean los inversores. Por eso nosotros creemos que esta modificación a la ley de DNU no es para Milei, sino que es hacia adelante, para cualquier otra administración que tenga la tentación de gobernar por DNU”, interpreta Paulón.

Imagen y aprobación

Con la pregunta ¿apruebas o desapruebas la gestión del Gobierno de Javier Milei?, Atlas Intel mostró lo que otras encuestas exhibieron con anterioridad: el crecimiento de la desaprobación (50,7%) es proporcional a la merma en la aprobación (42,8%).

Si se compara con el mes de julio, momento en que los dos vetos centrales no se habían producido, en octubre la desaprobación de gestión saltó más de 7 puntos y la aprobación cayó casi 5 puntos

En el relevamiento de Atlas Intel (1.839 casos) la información recolectada entre el 10 y el 15 de octubre arroja que un 48,1% evalúa como "malo" o "muy malo" el desempeño del Gobierno nacional. Un 34% banca a Milei con "excelente" o "bueno".

“Lo que estamos proponiendo es discutir prioridades. El Gobierno ha decidido incrementar en un 800% el presupuesto para espionaje, comprar armamento y gastar en diversas áreas que, aunque quizás sean necesarias, no son absolutamente prioritarias en comparación con otras como la mejora en las jubilaciones, el financiamiento universitario o cuestiones urgentes que afectan a las provincias y han sido desatendidas”, cierra Agost Carreño en la previa a una sesión que elevará la temperatura en el Congreso el próximo martes.