Asadito en la seccional: la policía pagará 38 millones por motos quemadas en una comisaría
Hacer asado en horarios de trabajo, es casi una práctica cultural: el gremio de la construcción encabeza sin duda la práctica, pero otros oficios no le van en zaga. Las comisarías son uno de ellos.
Así fue que el 15 de octubre de 2018 en la Comisaría 27ª de barrio Marechal, de la ciudad de Córdoba, se quemaron 79 motocicletas que estaban secuestradas en el depósito de la unidad policial. El motivo, tres policías preparaban un asado cuyo fuego se propagó a las motos y terminó quemando a casi todas las que estaban alojadas.
Seis años después, se realizó el juicio a esos tres uniformados, se los condenó este lunes a penas de prisión en suspenso, multas por montos desactualizados (12 mil pesos) e inhabilitación por un año.
Pero, a la par, el vocal de la Cámara 8ª del Crimen Juan Manuel Ugarte dispuso que los dueños de cerca de una veintena de motos tienen que percibir un monto resarcitorio que, en conjunto, supera los 37 millones de pesos.
Esa cifra debe ser afrontada por los uniformados y el Estado provincial que asistió al juicio y fue condenado de modo solidario para efectivizar el pago.
Los montos por indemnización para cada motovehículo oscila entre los 850 mil pesos para unos pocos, de un millón a dos millones la mayoría y en varios casos se deben pagar entre tres millones, cuatro millones y cinco millones de pesos.
Acusados
Fueron juzgados el oficial principal Lucas Sebastián Bazán (37 años, al momento de los hechos), la cabo 1º Johana Estefanía Marchisio (30) y el cabo 1º Miguel Ángel Bellesi (34). Bazán y Bellesi aceptaron un acuerdo de juicio abreviado, mientras que Marchisio no acordó y fue condenada por el tribunal en debate abierto.
Bazan fue declarado responsable de “omisión de los deberes de funcionario público”, por lo que recibió un año de inhabilitación especial y multa de 12.500 pesos.
Marchisio también fue culpada por “omisión de los deberes de funcionario público” y también recibió inhabilitación de un año y multa de 11 mil pesos.
En cambio, sobre Bellesi pesaba además de la omisión de cumplir los deberes de funcionario público, el cargo de “incendio culposo”. Por eso, recibió un año de prisión en forma de ejecución condicional, un año de inhabilitación y 12.500 pesos de multa.
La representación
En el expediente figuran muchas motocicletas quemadas, de diversos modelos y marcas. Además de las nacionales o de menor valor, como Guerrero, Gilera, Apia, hay otros vehículos de gama alta, como las japonesas Honda, Suzuki o Yamaha.
De esas 79 personas damnificadas por el incendio de sus motos secuestradas 22 de ellos llegaron a este juicio oral representados por el abogado penalista Carlos Nayi (junto a su sobrino José Nayi) quien constituyó a sus clientes como actores civiles en una demanda a la Provincia.
En el juicio se reclamó el valor de las motos -según marca, modelo y estado- más intereses y costas. En su mayoría los damnificados son personas de condición humilde. Sufrieron los secuestros, en muchos casos, por falta de documentación o de casco y perdieron su instrumento de trabajo.
