Más estafas en Córdoba: seis detenidos por venta ilegal de terrenos en Cuesta Blanca
Hace algunas semanas, los vecinos de la comuna ubicada en el extremo sur del Valle de Punilla se sorprendieron por la cantidad de móviles policiales que rodeaban el edifico comunal. Era raro ver tantas unidades más allá de que en un edificio lateral funcione el Destacamento Policial.
Si algo caracteriza a Cuesta Blanca es, precisamente, la tranquilidad.
En realidad, se trataba de un allanamiento ordenado por el fiscal Gavier a partir de una investigación que inició por presuntas estafas con la venta de lotes en el ejido comunal.
Entre los detenidos hay dos funcionarios del gobierno local. Se trata de Rubén Eduardo Tozzini, quien es ingeniero y se encarga del área de Planeamiento, y del abogado Jorge Arias Visconti, que se desempeña en la asesoría letrada de la comuna.
Además, hay otros cuatro imputados que fueron identificados como Alexis Damián Galiano, Aldo Ariel Galiano, Gisela Mariel Waldovino y Graciela Ramona Moreya.
En el caso del ingeniero Tozzini fue imputado de coautor de asociación ilícita, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y partícipe necesario de usurpación reiterada. El abogado Visconti está acusado de coautor de asociación ilícita y usurpación reiterada.
En tanto que los otros cuatro detenidos fueron imputados de asociación ilícita y usurpación reiterada.
Desesperantemente frecuente
No es el primer caso que lleva adelante el fiscal Gavier por delitos como los que se investiga en Cuesta Blanca.
En 2022 se inició una causa similar que derivó en más de 20 detenciones por estafas cometidas con terrenos en Villa Parque Síquiman, Bialet Massé, Tanti y Estancia Vieja.
En concreto, la operatoria consiste en la venta de terrenos que ya tienen dueños. En cuanto a los empleados comunales se les acusa de facilitar el pago de impuestos para avanzar en una posible usucapión sobre terrenos que ya tenían dueño.
Curarse en salud
A la hora en que se escribe este artículo, en la página web de la Comuna se ha colgado un anuncio que señala restricciones para suministrar información como la que habría suministrado la presunta asociación ilícita.
