Causa Vialidad: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner
La fiscalía solicitó que la Corte Suprema imponga una pena de 12 años de prisión a la expresidenta Cristina Kirchner por su participación en una asociación ilícita.
El pedido fue realizado por el fiscal general Mario Villar, quien apeló la decisión de la Cámara de Casación Penal, que ratificó la condena a la exmandataria en el caso por el direccionamiento de obras públicas a empresarios cercanos al kirchnerismo.
El fiscal argumentó que la resolución de Casación simplemente repetía lo que había dicho previamente el Tribunal Oral Federal N°2, que había condenado a Kirchner, y que no respondía a las críticas que él había planteado sobre los argumentos presentados en esa condena, considerándola arbitraria.
Según Villar, esta arbitrariedad justificaría la apelación ante la Corte Suprema. En 2024, la Cámara de Casación había confirmado la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por el delito de “administración fraudulenta” en la causa Vialidad.
En su fallo, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con una decisión mayoritaria, desestimaron la solicitud del Ministerio Público Fiscal de aplicar el cargo de asociación ilícita.
Villar, en su apelación, pidió a la Corte que revise esta decisión y que condene a la expresidenta por el delito de asociación ilícita, argumentando que dicho delito sanciona la pertenencia a una organización criminal, sin que sea necesario que se lleven a cabo los hechos ilícitos previamente planeados. Según el fiscal, la Cámara de Casación no respondió a esta cuestión.
Villar también cuestionó la absolución de varios implicados, como Lázaro Báez, Julio de Vido, Julio López y Nelson Periotti, por el delito de asociación ilícita, señalando que la evidencia demostraba que estos, junto con el fallecido Néstor Kirchner, habían formado una red de corrupción que operó durante más de 12 años, con roles bien definidos dentro y fuera de la estructura estatal, y cuyo objetivo era la malversación de fondos públicos.
El fiscal explicó que no se trataba solo de "irregularidades en licitaciones", sino de una red organizada que de manera sistemática desvió fondos destinados a la obra pública. Además, mencionó que estaba comprobado que los involucrados trabajaron en conjunto durante más de una década para ejecutar estos delitos, con contribuciones tanto del sector público como privado.
Villar insistió en que los acusados habían mantenido un acuerdo continuo y organizado para llevar a cabo varios delitos, incluidos fraudes, según los artículos 173 y 174.5 del Código Penal. También reflexionó sobre el uso del tipo penal de asociación ilícita, destacando que, aunque generalmente se aplica a delitos como el narcotráfico o la trata de personas, no se suele utilizar en casos políticos, aunque en este caso consideraba que era aplicable.
Finalmente, el fiscal expresó su descontento por las declaraciones de algunos políticos, incluyendo funcionarios, que se oponían a la aplicación de este tipo penal después de conocer la acusación fiscal. Consideró que el caso merecía una respuesta más profunda que una simple reiteración de las sentencias anteriores, sin considerar debidamente los argumentos presentados.
