Tras el escándalo por los uniformes de la Guardia Urbana, Passerini echó a un funcionario
Luego de que la contratación directa para la compra de uniformes destinados a la Guardia Urbana de la ciudad de Córdoba se convirtiera en el primer escándalo de la administración de Daniel Passerini, el intendente le pidió la renuncia al subsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad, Walter Luján, y anuló la compra.
La denuncia pública fue realizada por la concejal radical Elisa Caffaratti, quien sostuvo que la empresa Yche SA -la proveedora de la ropa- no contaba antecedentes en la confección de uniformes, lo que llevó al análisis del proceso de compra por 100 millones de pesos.
También el hijo de Luis Juez, el concejal opositor Martín Juez, indicó que se trataba de una empresa fantasma que había sido constituido apenas nueve meses atrás, y que la misma tenía sólo un capital social de $180 mil y ninguna experiencia en el rubro:
La respuesta de la Municipalidad
Las autoridades municipales no quisieron seguir estando en el centro del huracán y dijeron que “aunque no se detectaron irregularidades administrativas, sí hubo una demora en la entrega en la totalidad de los uniformes comprados, por lo que se decidió cancelar la compra sin que la Municipalidad haya desembolsado un peso”.
La denuncia le costó el puesto al responsable de la logística de la Guardia Urbana, el comisario retirado Luján, y como se dijo, se dio de baja la compra.
Es que la empresa Yche SA, que tiene sede en La Calera, pertenece al ex policía Sebastián Aguilera, quien dejó la fuerza en enero último, y a Fernando Vich, un militante del peronismo de esa ciudad, quien el año pasado trabajó en la campaña de Gastón Morán y quien también militó para Martín Llaryora en la elección provincial de junio, según publica La Voz.
Cabe recordar que la compra directa se realizó el 26 de febrero pasado, por casi 100 millones de pesos, e incluía la adquisición de remeras, pantalones, botas y accesorios de vestir.
Ante los cuestionamientos, Passerini ordenó a Sergio Lorenzatti, secretario de Administración Pública y Capital Humano de la Municipalidad, y a Claudio Vignetta, el responsable de la Guardia Urbana, que revisaran el expediente de la compra. Ante las demoras detectadas, el intendente dio de baja la misma e indicó que llamará a una nueva licitación.
