Argentina: son 326 las sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que se dictaron 326 sentencias y que los condenados por crímenes de lesa humanidad son actualmente 1.187 desde la reapertura de los procesos y la realización de los primeros juicios en 2006, mientras que la cantidad de absueltos/as asciende a 190.
La información estadística forma parte del reporte trimestral sobre el estado del proceso de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, con el cómputo cerrado el 3 de junio pasado.
La oficina especializada del Ministerio Público Fiscal, que coordina la actividad de las unidades fiscales y de los fiscales federales que intervienen en estos procesos en todo el país, señaló además que actualmente existen 391 personas procesadas y 482 imputadas, al tiempo que sobre 157 se dictó falta de mérito, 102 fueron sobreseídas y 76 esperan la resolución de su situación procesal tras haber sido indagadas.
En este marco, continúan abiertas en etapa de instrucción 281 causas y otras 70 se encuentran a la espera del inicio del debate, mientras que en la actualidad se están celebrando 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones del país.
Por otro lado, la Procuraduría relevó la información relativa a la forma en que las personas investigadas transitan estos procesos: actualmente, hay 1.484 personas en libertad mientras que 642 permanecen detenidas.
Las cifras revelan la separación sostenida de ambas variables que esa oficina registra desde 2015. En tanto, otras 34 personas permanecen prófugas. El número de personas fallecidas vinculadas a estos procesos asciende, desde 2006, a 1.586.
En este contexto, la mayor parte de las personas detenidas, 508 en total, corresponde a quienes cuentan con arresto domiciliario.
Mientras tanto, 78 permanecen en establecimientos penitenciarios y 56 transitan la prisión en la denominada Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el ámbito de la guarnición militar de Campo de Mayo y que, por esa particularidad, la procuraduría especializada no considera una institución penitenciaria.
