IVE e ILE en Argentina: la cifra de mujeres que accedieron a abortos en el 2023
El Proyecto Mirar lanzó su Reporte anual “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales” para informar cómo es el escenario que recibió el nuevo gobierno nacional, que se interpreta como un piso a cumplir en materia de aborto seguro y gratuito y de derechos reproductivos en función de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Es un completo estudio sobre la implementación de la Ley 27.610, desarrollado por iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health.
Según el trabajo, en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público. Todas las provincias informaron sobre procedimientos con medicamentos, ya sea con misoprostol solo o con la combinación de mifepristona y misoprostol y el 89% de las prácticas fueron realizadas antes de la semana 12 de gestación.
El informe no incluye datos de las interrupciones practicadas en el área privada.
Como deficiencia los datos muestran que “cuatro provincias reportan la persistencia de legrados dentro de las 12 semanas”. El reporte enfatiza que “aun si se utiliza en casos de abortos incompletos, es imperioso que las autoridades sanitarias implementen acciones necesarias para que los equipos de salud reemplacen esta práctica riesgosa por la AMEU o por dosis repetidas de misoprostol, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”.
En base a estas cifras, en 2023, la tasa nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue de 7,68 abortos cada 1000 mujeres en edad fértil. El acuerdo para determinar este parámetro toma a la cantidad de mujeres en la población entre 15 y 49 años.
Ese promedio nacional surge de una situación con variaciones muy grandes a escala provincial: las tasas más altas se registraron en San Luis y Jujuy, por encima de 13 prácticas por cada 1000 mujeres y en el otro extremo, provincias como San Juan y Chaco tienen menos de un tercio de esos valores.
Para establecer referencias es interesante comparar estos promedios con las tasas observadas a nivel internacional. El sitio Statista, presenta estadísticas de las tasas de aborto en diferentes regiones del mundo entre 2015 y 2019.
Las estadísticas no son enteramente comprables porque los datos del reporte del Proyecto Mirar son valores observados y no estimaciones. Pero aún así, es claro que la tasa de Argentina esta muy por debajo de los valores registrados en el resto del mundo y, especialmente, si se comprara con los promedios de la región, que son cuatro veces superiores.
Lejos, muy lejos, de los temores expresados durante el tratamiento de la ley 27.610, sobre una “epidemia de abortos”.
Bienestar y salud
El reporte refleja que el acceso oportuno al aborto, con tecnologías adecuadas, con equipos capacitados y con menos estigmas y barreras se traduce en una mejora para el bienestar, la salud y la vida de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
Un parámetro crítico con que esto se manifiesta es la disminución de las muertes por aborto que se observa a partir de la sanción de la ley, al igual que la disminución en los fallecimientos de mujeres por causas indirectas, ocasionadas por enfermedades preexistentes que se agravan por el embarazo.
Reducción de embarazos no deseados
Según el reporte, entre 2018 y 2022 se registró un descenso del 57% de la tasa de la fecundidad de las niñas de 10 a 14 años, un descenso de magnitud inédita en América Latina. Se trata de embarazos donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano, lo que hace que sea este el segmento más complejo para corregir.
En el mismo período, también hubo una reducción importante entre las adolescentes de 15 a 19 años, que disminuyó en un 50%. Es decir, en Argentina se logró un quiebre en la tendencia amesetada -sin descensos significativos previos- de la cantidad de embarazos de niñas y adolescentes.
“Este comportamiento es en buena medida resultado de la aplicación de políticas públicas articuladas entre sí, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue desmantelado por el gobierno nacional actual, la Educación Sexual Integral (ESI) y la implementación de los servicios de IVE ILE”, explicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del CEDES.
Ampliación de los Servicios
Desde la sanción de la ley se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en el país, pasando de 907 en 2020 a 1982 efectores públicos en 2023.
Igual que en otros parámetros, la situación de las provincias es de una gran disparidad. El rango varía entre provincias que tienen de 2 a 4 servicios de IVE / ILE cada 100.000 mujeres (Chaco, Santiago del Estero y Tucumán), y provincias que tienen entre 53 y 57 servicios de IVE ILE cada 100.000 mujeres (La Pampa y Mendoza).
Además, en 2023 la gestión nacional distribuyó 166.164 tratamientos para el aborto con medicamentos, cuando en 2020, previo a la legalización, fueron solamente 18.590.
Un contexto que amenaza derechos
“A nivel nacional, se perdió la rectoría en la política de aborto, lo que exige una mayor incidencia y un trabajo más dedicado en las provincias y con las autoridades locales”, señaló Mariana Romero, médica, directora ejecutiva del CEDES e investigadora de esa institución y del CONICET.
“Observamos que la gestión actual significó un giro rotundo en la agenda de las políticas de género y un contexto político, cultural y mediático en el que se reavivaron discursos conservadores radicalizados”, agregó.
Tal vez, el dato que mejor grafique esta afirmación es que al momento de emitir el reporte, ninguna autoridad nacional había confirmado compromiso alguno con la continuidad de la provisión de insumos de salud sexual y reproductiva.
Acerca del Proyecto Mirar
Una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health. Desde 2020 monitorea la implementación de la ley de aborto en Argentina. Recopilan, producen, analizar y diseminar información para la toma de decisiones y la incidencia con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto.
Se basan en fuentes públicas de información del gobierno nacional y gobiernos provinciales, pedidos de acceso a la información pública, otros monitoreos e informes de la sociedad civil y estudios propios, con las limitaciones propias de la disponibilidad de datos en Argentina.
