El Gobierno acusó a universidades nacionales de «inventar alumnos»
La certeza es que “no hay ningún escenario dramático” en las universidades nacionales.
En esos términos se expresó el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, nada menos que en la previa de la Marcha Federal convocada por todos los rectores del país para el próximo miércoles.
El contexto lo marca el rechazo de gremios docentes y no docentes a la magra propuesta de aumento: un 5,8 por ciento para octubre. Los trabajadores aducen que la mayoría tiene salarios “por debajo de la línea de pobreza” y que la pérdida de poder adquisitivo estimada de la actual gestión es del 50%.
A su juicio, se trató de “una oferta superadora” y que él representa a “un Gobierno honesto”.
El funcionario reconoció que en la paritaria se pide “equiparar los salarios con inflación”, que “es lo que todos pediríamos”, pero que “esto sólo se puede ir logrando con la inflación cero”.
En este marco es que anticipó que junto al secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, están realizando “una minería de datos”, porque “los esquemas de control son muy opacos”.
Y sentenció: “Hay aproximadamente 600.000 alumnos en universidades nacionales, que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no”. Se trata, según su descripción, del 38% del total de los matriculados en escuelas de altos estudios públicas a nivel país.
Torrendell señaló que “eso de inventar alumnos es un problema antiguo, de hace 200 años”, porque “los fondos se reparten de acuerdo a la cantidad de estudiantes y de eso se desprendió también la multiplicación de cargos docentes”.
Sin mayores precisiones, describió que “hay muchas carreras en las que hay pocos alumnos y podría haber un equipo docente más compacto” e intentó justificarse diciendo que ”hay rectores que me han dicho que en cuarto año de tal carrera tenemos 8 alumnos y 18 profesores".
Fiel al estilo gubernamental de la época, pidió “visitar el sentido común cada tanto”.
Sobre la convocatoria de esta semana, que se espera sea masiva en toda Argentina, consideró que la cuestión “empieza a tener visos de marcha política”.