La fiscalía refuerza su caso contra Fernando Albareda: claves de la evidencia
Cuando se produjo la detención de Fernando Albareda, acusado de haber asesinado a su madre Susana Montoya, la evidencia recolectada por la fiscalía era abrumadora e inequívoca.
Eso no quiere decir que fuese suficiente ni que la fiscalía estuviese en condiciones de presentarlas como evidencia para lograr una condena en juicio.
La fiscalía había contruido entonces una certeza que llevó a acusar a Albareda por el delito de homicidio calificado por el vínculo por alevosía y por codicia.
Ahora el fiscal Juan Pablo Klinger debe poder transmitirla al jurado sin que nada de lo actuado sea susceptible de cuestionamiento por la defensa.
Dos ejemplos
Tal vez el mejor ejemplo lo constituyan las evidencias de video.
Hoy sabemos que Fernando Albareda llegó a casa de su madre cerca de las 20.30 de aquel fatídico jueves primero de agosto y se retiró unas dos horas más tarde. Su madre le franqueó la puerta que el cerró cuando salió.
Hay videos que dan cuenta de eso; los testimonios sitúan al acusado sin paradero conocido exactamente en esas dos horas, que coinciden matemáticamente con el horario de muerte de la víctima estimado por los forenses.
Pero por más que el fiscal y su equipo hayan visto los videos, constatados los horarios, encontrado el vehículo estacionado a la vuelta y no en el frente de la casa de la vícitima, verificado el recorrido de ida y vuelta del imputado hasta su casa en ese mismo automóvil, utilizarlos en un juicio como evidencia exige ciertos requisitos.
Debe ser la policía judicial, en base a un protocolo muy estricto, quien obtenga los videos y se asegure y documente la cadena de custodia. De otra forma, el juez de control seguramente no aceptaría esa evidencia. Y mucho menos la defensa del imputado.
Otro buen ejemplo son las pericias caligráficas, decisivas en su momento para la detención del imputado.
Cuando se ordenó la detención, el equipo de la fiscalía dirigido por el fiscal Juan Pablo Klinger señaló que un informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial había establecido “preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las Amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda”.
Los videos y la pericia caligráfica eran suficientes para ordenar la detención de Albareda, pero no se podrían utilizar como evidencia si no se realizase toda una tarea posterior que completen la arquitectura conceptual de la acusación, sin perder rigor técnico ni afectar las garantías en juicio del acusado.
Nuevas medidas
La pericia caligráfica produjo un informe preliminar.
Faltaba una pericia ordenada en el curso de la causa, con participación de peritos de parte.
Los trazos pintados con lápiz labial en el domicilio de Susana Montoya poco después de ser asesinada y los de las amenazas que el propio Albareda denunció en diciembre del año pasado, estaban en poder de la fiscalía.
Debían compararse con una pieza indubitablemente escrita por el acusado, que se negó (como es su derecho) a suministrar un escrito. Pero había escrito a la fiscalía, de puño y letra, una misiva de 6 carillas.
Y entonces sí, la fiscalía pudo solicitar una pericia, con peritos de parte y todas las formalidades del caso, que resultó lapidaria.
No hay dudas para los peritos de que las tres piezas fueron escritas por “el mismo puño escritor”.
Asimismo, se ordenó una pericia interdisciplinaria con participación de una psicóloga y un psiquiatra, de la que también participaron peritos de control, que confirmó que el acusado “comprende la criminalidad de sus actos”, lo que descarta la posibilidad de inimputabilidad.
Además de cubrir esta cuestión esencial para la acusación, esta pericia brinda elementos que por si mismos no permitirían condenar, pero si apuntalan el resto de la evidencia.
Dice el dictamen que el acusado tiene sentimientos de “ira, bronca y resentimientos” junto con “rasgos psicopáticos y narcisistas cuyas manifestaciones se inclinan a obtener beneficios personales” y que “podrían adoptar una modalidad agresiva y potencialmente destructiva".
Lo que sigue
Fuentes de la fiscalía indican que hay varios aspectos que concluir antes que el juez de control confirme la elevación a juicio de esta causa.
Por un lado, está la necesidad de indagar al acusado por falso testimonio, un trámite que, a menos que haya un cambio sustancial en la estrategia de la defensa, se completará seguramente con una negativa a declarar.
Recordemos que hasta ahora la defensa negó de plano los hechos.
Por otra parte, hay evidencia que aún sigue en estudio. El ADN del victimario pudo quedar estampado en la soga con que se ahorcó a la víctima o en labial con que se escribieron las amenazas.
Las determinaciones de ADN llevan su tiempo y no necesariamente serían concluyentes. Adicionalmente, la defensa podría argumentar que el acusado manipuló esos objetos en ocasión distinta a la del crimen.
En todo caso, un ADN positivo significaría un ladrillo más en una pared ya muy alta y muy sólida que seguramente deribará en una condena a perpetua.