Reartes: «SeNAF interviene, pero siempre la justicia tiene la última palabra»
El caso conmocionó primero a Brinkmann, una pequeña localidad del este de Córdoba con sus trece mil habitantes. Pero es de tal magnitud, tan atroz, que rápidamente se expandió a toda la provincia y llegó también a los titulares nacionales.
Más allá de detalles macabros, que algunos medios se empeñan en poner en pimer plano, una pequeña fue asesinada por su padrastro y otro cómplice que luego provocaron un incendio para intentar ocultar el crimen. La fiscalía investiga las circunstancias previas en base a detalles de la autopsia y resolvió imputar también por el homicidio a la madre de la pequeña, quién no se encontraba en la localidad al momento de los hechos.
En la jornada del jueves, el intendente de Brinkmann fue entrevistado en “Ponete al día”, el informativo de la primera mañana de las radios del multimedio SRT, dando cuenta de la actuación de la Municipalidad en el caso, a través de los equipos técnicos que intervinieron y tenían contacto y seguimiento de la situación del grupo familiar.
La SeNAF en el ojo de la tormenta
La Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia del gobierno de la provincia es el organismo encargado de garantizar el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes (NNyA).
Tuvo intervención en el caso: en 2023 dispuso que 3 de los 5 los niños y niñas que entonces formaban parte del grupo familiar fueran recibidos por familias de acogimiento porque el padre estaba en prisión y la madre, Rocío Milagros Rauch, no estaba en condiciones de cuidarlos. A los pocos meses, los tres niños fueron restituidos al hogar.
Entre tanto, dos hijos de una pareja anterior de Rauch, incluida la pequeña ahora asesinada, no fueron objeto de intervención porque, supuestamente, estaban a cargo de su padre. biológico
Diversos testimonios dan cuenta ahora de que, en una localidad relativamente pequeña, mucha gente sabía que la situación de esa familia era muy irregular y que no había allí condiciones de protección de los 6 niños y niñas (en el interín nació un bebé) que convivían con un padre condenado por violencia de género y una madre con problemas de adicciones.
Quedan muchas preguntas en conexión con el caso y varias apuntan al rol que jugó la SeNAF, que en los días posteriores al asesinato comunicó que había dispuesto un sumario interno para dilucidar los detalles de la actuación de la institución, pero se negó a comentar el episodio.
Entrevista a Julia Reartes
La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) es la abogada Julia Alejandra Reartes, docente universitaria, ex coordinadora de Unicef, y con trayectoria académica y profesional en los fueros de familia, justicia penal juvenil y violencia familiar y de género. Depende del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a cargo de Liliana Montero.
Reartes fue entrevistada en la mañana del viernes por Viviana Villalba y Daniel Migani en el informativo de primera mañana de las Radios de los SRT, “Ponete al Día”.
La primera declaración de la Secretaria advirtió que el marco legal vigente le impide como funcionaria “relatar aspectos concretos de esta causa y de cualquier otra que involucren a niños, niñas y adolescentes y menos aún cuando hay una investigación en trámite”.
Agregó que “desde el primer minuto me puse a disposición del fiscal (Gieco) y de la fiscal adjunta para colaborar en esta investigación y junto con ello dispuse la apertura de una investigación administrativa que corresponda para poder determinar cuál ha sido la actuación del organismo y de los equipos en esta causa”.
El Sistema de Protección Integral de Derechos
Consultada por los mecanismos generales de acción de la SeNAF en casos en que se producen denuncias o llamadas de atención sobre la situación de niños y niñas, Reartes aprovechó para dar detalles del Sistema de Protección Integral de Derechos, que tiene muchos actores, entre los que se cuentan “la propia comunidad, la familia, la escuela, los equipos locales, el sistema de salud, que dan el primer aviso sobre una situación de vulneración de derechos”.
Explicó que “muchas de esas situaciones pueden resolverse con un acompañamiento adecuado en el ámbito familiar y cuando esto no es posible, allí interviene SeNAF con la separación de los niños o niñas de esa familia. Al día de la fecha hay 706 niños y niñas de todo el ámbito de la provincia que están separados de sus familias en residencias de SeNAF, en hogares de fundaciones con que trabajamos en conjunto y también con familias de acogimiento”.
Resaltó que otro actor muy importante el sistema es la justicia: “Las decisiones que toma SeNAF, todas atraviesan por el sistema judicial y es la justicia quién a través de jueces, juezas y asesores quiens tiene la última palabra en relación a los informes y las recomendaciones que realiza la SeNAF”.
Consultada específicamente sobre la intervención de la Secretaría en este caso, confirmó la información que previamente había dado el fiscal: solamente intervino la justicia con los hijos de la segunda pareja de Rauch. Los hijos del primer matrimonio, que convivían en el mismo entorno familiar, no fueron objeto de intervención judicial.
para describir los recursos con que cuenta la SeNAF en los territorios, Reartes explicó que en el ámbito del interior de la provincia, existen las Unidades de Desarrollos Regional (UDER) que son las que trabajan de manera articulada con todas las áreas locales.
“Desde que asumimos la gestión, con la Ministra (por Liliana Montero) estamos empeñadas en fortalecer el trabajo de articulación entre las comunidades y la UDER, que es la presencia de SeNAF en el territorio; llevamos 7 regionales recorridos de manera directa” agregó.
En cuanto a la intervención del organismos a su cargo en el retiro y devolución de los hijos del segundo matrimonio, Reartes señaló que “está todo documentado, todos los informes que dan cuenta de esas decisiones que fueron trabajados de manera conjunta con el equipo de la localidad, inteviniendo inclusive profesionales de otros dispositivos tales como la RAAC (Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba) y Salud Mental. Conforme a lo que establece la ley, quien tuvo la última palabra fue la Jueza y los asesores que estuvieron a cargo del control de legalidad de lo actuado".
Cuando se le hizo notar que la justicia resuelve en función de informes que eleva la SeNAF, la funcionaria aclaró que los informes que eleva senaf no son vinculantes: “pueden ser cuestionados y revisados inclusive por los propios equipos técnicos que tienen en tribunales”.
Agregó además que "desde que estoy al frente del organismo hemos establecido una mesa permanente con el poder judicial en el que se revisan permanentemente los protocolos, y este caso nos pondrá en la obligación de seguir reforzando y trabajando y revisando sobre todos los eslabones que participamos del sistema de protección”.
Cuando se le consultó si esta situación pudo haberse evitado respondió: “todos nos preguntamos respecto a lo que se pudo haber evitado o no, pero sería muy imprudente de mi parte responder esa pregunta cuando el caso está en plena investigación, tanto judicial como administrativa”.
NOTA DE LA REDACCIÓN
Por decisión editorial de este medio, no se incluyen nombres propios, ni imágenes de niños y niñas involucrados en la información. Tampoco, cuando es posible, datos que permitan identificarlos.
