Denuncian a Milei por ocasionar una “crisis alimentaria”
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a través de su secretario general, Alejandro Gramajo, y otras organizaciones, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, al Gobierno de Javier Milei por la “destrucción de las políticas sociales”.
Por su parte, el Gobierno, según publica Infobae, desmintió esos dichos a través de un informe de 13 páginas en el que sostuvo: “En el ámbito de la alimentación, el Ministerio de Capital Humano – a cargo de Sandra Pettovello – ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar”. Y argumentó: “Estas medidas buscan cubrir la canasta básica alimentaria de niños y adolescentes, extendiendo la cobertura a más de 600.000 adolescentes previamente excluidos”.
La denuncia de los dirigentes sociales
En las tres audiencias no sólo se denunció al Gobierno de La Libertad Avanza por “el desfinanciamiento y abandono de las políticas sociales”. También se discutió “las políticas de memoria, verdad y justicia” y el abandono de los programas “para erradicar la violencia de género y promover la salud reproductiva en el país”.
Fue en la primera de ellas en la que se analizó el impacto de las políticas sociales en los trabajadores de la economía popular. Allí los representantes de la UTEP, el CELS y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO), presentaron un informe “sobre la situación de los sectores más vulnerables”. Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, indicó que la pobreza aumentó un 11% en el primer semestre de 2024, mientras que la indigencia aumentó más de seis puntos. También sostuvo que “el presupuesto para políticas alimentarias sufrió una caída real del 29% respecto al año anterior, afectando gravemente a comedores y merenderos comunitarios”.
Los dirigentes también expusieron “la desfinanciación de la política de urbanización en asentamientos precarios, impactando a más de cinco millones de personas, casi la mitad de ellas niños y adolescentes”.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno, a través del Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, optó por no responder las preguntas en la audiencia, prometió hacerlo por escrito pero presentó un informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano el cual refleja la otra cara de lo expuesto por los dirigentes sociales a los que la ministra Sandra Pettovello y Javier Milei califican como “gerentes de la pobreza”.
En el documento se afirma que la administración de La Libertad Avanza, al llegar al poder, el 10 de diciembre de 2023 “se encontró con una macroeconomía devastada, con índices de inflación muy elevados y salarios golpeados por la inestabilidad” se explica que por ese motivo “las primeras medidas de esta gestión se orientaron a bajar la inflación y dar inicio a un proceso de recuperación económica, que hoy comienza a mostrar sus efectos, incluso respecto de los altos índices de pobreza, que desde el segundo trimestre de 2024, han comenzado a bajar y continúan en esa tendencia”.
Por ese motivo, continuó la argumentación: “Se priorizó la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad, desde el Ministerio de Capital Humano se tomó la decisión de desintermediar la asistencia social, ponderando, por sobre todo, las transferencias directas y restituyendo la libertad de quienes estaban cautivos de los viejos modelos asistencialistas, que no sólo no mejoraron la calidad de vida de las personas, sino que las mantuvieron en una situación de dependencia, sin brindarles las herramientas necesarias para alcanzar su autonomía y la libertad para desarrollar sus propios proyectos de vida”.
El Gobierno también sostuvo que “terminó con la intermediación” alimentaria y de programas sociales a través de cooperativas y organizaciones sociales que eran parte de la administración de Alberto Fernández. “Ahora el 86% de los recursos se transfieren directamente a las familias”, detalla el informe. Además señalaba que en diciembre de 2023, el 50% de los recursos destinados a las familias más vulnerables se distribuiría a través de intermediarios, como Unidades Ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas, mientras que el otro 50% se transfería directamente a las familias a través de la AUH, Alimentar y el programa 1000 Días. Para octubre de 2024, esta distribución se modificó sustancialmente, con un 86% de los recursos ejecutados mediante transferencias directas a las familias (AUH + Alimentar + 1000 Días) y solo un 14% canalizado a través de otros programas sociales.
Además, la AUH incrementó su poder de compra en un 50% desde la asunción de la nueva administración, que implementó medidas para apuntalar este ingreso. Por ejemplo, en enero de 2024 se incrementó el monto de todas las prestaciones de la AUH en un 100%.
¿ Cuándo se expedirá la CIDH ?
Según publica Infobae, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene una fecha estipulada para emitir su resolución. Tampoco son de cumplimiento obligatorio en el sentido estricto, ya que la CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sin facultades coercitivas para hacer cumplir sus decisiones. Desde enero de 2024, la CIDH se integra por Andrea Pochak (Argentina); Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala); Arif Bulkan (Guyana); Gloria Monique de Mees (Surinam); Margarette May Macaulay (Jamaica); Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá); y Julissa Mantilla Falcón (Perú). Estos comisionados desempeñan sus funciones de manera independiente y título personal, sin representar a sus países de origen.
