Desafío a la Nación: Córdoba seguirá cobrando tasas en las facturas de luz y agua
El Gobierno de Córdoba no dará curso al reclamo de la Nación, que pretende que los intendentes de todo el país dejen de incluir tasas específicas para los servicios en sus distritos. Alegan que esos servicios están bajo competencia provincial y que están autorizados por ley, con limitaciones específicas.
“La competencia es provincial”, alega el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), Mario Blanco.
A la movida nacional adhirió la Unión Industrial de Córdoba, que días atrás pidió a los intendentes que revisen su esquema de gastos, dijo que denunciará casos en los que se adviertan cobros inconstitucionales y reclamó que las tasas “reflejen de manera justa los servicios efectivamente prestados”.
La Secretaría de Comercio e Industria, que depende de Economía, intimó el 11 de noviembre pasado a 95 empresas de servicios públicos para que dejen de incluir cargos ajenos al servicio en sus boletas.
El 11 de octubre había entrado en vigencia la resolución 267/24 que en setiembre prohibió el cobro de cargos ajenos al servicio contratado.
Resistencia empresaria
“Nosotros estamos en pie de guerra y reclamamos que si hay aumento de tasas que sea con una contraprestación. No aceptamos aumentos porque sí. Los municipios nos dicen que si no las pagamos, las calles van a estar oscuras y no es nuestra posición, pero sí necesitamos imperiosamente que se vea la forma en la que se cobra, porque el 10% que va directo al consumo genera disparidad”, sostiene Fausto Brandolín, de Fedecom.
También se agrega al reclamo el Fodep, un cargo para obras de infraestructura eléctrica que cobra la Epec.
“Hay industrias y comercios electrointensivos que pagan un porcentaje de su factura como alumbrado, y no necesariamente van a tener tanto alumbrado público como pagan. Tenemos el parque industrial que tiene un menor alumbrado, y hay comercios chicos como kioscos, heladerías o pescaderías con alto consumo energético por las heladeras que pagan una tasa que no se condice con el servicio que se le presta”, plantea Agustín Hesar, representante del centro de Fedecom en Río Tercero.
“Ese cargo distorsivo, que es la tasa de alumbrado público, le resta competitividad al sector privado”, insiste el empresario.
La posición de la Provincia
No es intención del gobierno de Llaryora hacer lugar al reclamo de Nación en luz y en agua porque la regulación está en manos de la Provincia, o incluso en la de los mismos municipios.
En el caso del gas, no tiene competencia: de hecho, el 7 de octubre, Ecogas se allanó al reclamo de la Secretaría de Comercio e Industria, que la intimó a dejar de percibir el cobro.
Por eso, los intendentes ya no cobran la percepción municipal sobre el gas, dado que la regulación es íntegramente nacional.
Mario Blanco sostiene que, donde las provincias regulan los servicios públicos, la Nación no tiene competencia. De hecho, tanto Epec como Aguas Cordobesas presentaron sus descargos ante la intimación de Comercio. Remarcaron que no fueron multadas, sino intimadas a dejar de cobrarlos.
La ley que rige esta cuestión es la Nº 10545 y fue la respuesta del entonces gobernador Juan Schiaretti cuando en el 2018 el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha el brutal “sinceramiento” que incrementó las boletas de luz en un 2700%.
Como en la boleta, especialmente de las cooperativas de servicios del interior de la provincia, venían infinidad de servicios varios (TV por cable, sepelio, bomberos, cuota de hospitales, cementerios y demás) los usuarios asociaban todo el monto al costo de la luz y se lo achacaban a la Provincia.
Se estableció entonces que podían cobrar un cargo de hasta el 10% para alumbrado público sobre la facturación de Epec y cooperativas, y de hasta el 15% en localidades de menos de 50 mil habitantes. De hecho, ese cargo del 10% se utiliza en una “cuenta compensada” entre los municipios y las proveedoras de electricidad para que las comunas paguen el servicio de alumbrado público.
El costo de alumbrar las calles subió 346%, y aunque los municipios no brindan detalles de cuánto recaudan y cuánto gastan muchos aseguran que la misma tasa no alcanza para cubrir el costo del alumbrado.
Para agua y saneamiento la ley no establece un tope máximo. Fue el intendente Mestre (h) quien inició el cobro con el 10% en 2013, pero actualmente la tasa que cobra Aguas Cordobesas en concepto de CFIS (contribución para el financiamiento integral de infraestructura sanitaria) es del 16%.
En pugna
Así como está bien claro que en el gas la competencia es nacional y en el agua, local, en energía el tema es controvertido porque la regulación es compartida: Nación define lo que cuesta la energía, y la Provincia decide lo que cuesta la distribución y la comercialización. Habrá que esperar la movida de Comercio e Industria de la Nación, pero no se puede descartar que el tema termine judicializado.
Por otra parte, está la componente estrictamente política: algunos funcionarios del gobierno provincial creen que la medida esta principalmente dirigida a los intendentes del conurbano bonaerense como parte del corte de financiamiento en un territorio crítico para el gobierno nacional.
