Los jubilados ¿La verdadera casta?

Desde marzo los aumentos mensuales de los haberes previsionales se calculan con base en el Índice de Precios al Consumidor de dos meses anteriores. Quienes perciben el haber mínimo reciben el mismo bono de $70.000, congelado hasta la fecha. Este monto apenas alcanza para cubrir un tercio de la Canasta Básica de este sector, que en octubre ascendió a $912.584, según un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, basado en datos del INDEC. Ya son más de 40 medicamentos los que dejaron de tener cobertura al 100% a través de Pami. A un año de la asunción de Javier Milei, los jubilados nacionales sienten que siguen siendo los grandes perdedores en medio de una crisis que no da tregua.

Cambio en la actualización de haberes

En marzo de 2024, por medio del Decreto N° 274/2024, el presidente de la Nación estableció que las jubilaciones se actualizarían mensualmente según la inflación, dejando atrás la fórmula anterior de ajustes trimestrales. Ese mismo mes, se implementó un aumento del 27,18% con la fórmula de 2021, llevando el haber mínimo de $105.713 a $134.446, además de un bono de $70.000, elevando el total a $204.000. Entre abril y junio, se añadieron compensaciones por la inflación de enero (20,6%), y a partir de julio, los aumentos se aplicaron plenamente, registrando un 4,18% en base a la inflación de mayo. Al cierre del año 2024, la jubilación mínima con bono de diciembre experimenta una caída real del 6,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, cobrarán $329.599. En contraste, las jubilaciones superiores a la mínima, que no reciben el bono, han registrado un incremento real del 11,8% interanual en sus haberes. Esta disparidad se debe principalmente al impacto del congelamiento del bono, que afecta directamente al monto final de las jubilaciones mínimas.

¿Qué ocurrió con el bono?

El bono previsional, también conocido como extraordinario o ayuda económica, es una asignación otorgada por el Gobierno Nacional para asistir a los jubilados y pensionados. Este bono de $70.000 se mantiene congelado desde marzo. Los jubilados y pensionados que superan el monto de la mínima, reciben un pago proporcional hasta alcanzar al tope establecido. Quienes cobran por encima de ese monto no reciben bono.

Veto con sabor amargo

En agosto el Senado de la Nación aprobó una nueva ley de movilidad que establecía un haber mínimo equivalente a la Canasta Básica Total multiplicado por 1,09, lo que para julio implicaba $ 317.704,19. Además se preveía el pago de un extra del 8,1% para recomponer los haberes, tras la elevada inflación de enero, que alcanzó el 20,6%, mientras que el Gobierno solo reconoció un aumento del 12,5%.

La ley también incluía un ajuste adicional a la fórmula de movilidad vigente, aplicable cada marzo, que consistía en un 50% de la variación del RIPTE por sobre la variación del IPC del último año, siempre que arrojara un resultado positivo. Asimismo, se establecía una actualización mensual de las remuneraciones utilizadas para calcular el haber inicial de las jubilaciones y pensiones, y se fijaba un plazo de 6 meses para el pago de sentencias judiciales firmes de juicios contra la ANSES.

Una de las decisiones más polémicas del primer año del gobierno de Javier Milei fue el veto a esta ley de movilidad jubilatoria, que había sido aprobada por el Congreso. El presidente justificó el veto argumentando que la ley implicaba un gasto del 1,2% del PBI, lo que , según él, afectaría la economía. La Cámara de Diputados no logró revertirlo, por lo que la decisión se mantuvo.

Un año con más pérdidas que ganancias

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, además de la pérdida por el congelamiento del bono, también sufrieron la quita del reintegro por compras con tarjeta de débito y la eliminación del subsidio del Programa Alimentario de PAMI que anteriormente reemplazaba los bolsones entregados por la obra social antes de la pandemia. En junio, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) implementó un recorte en la cobertura de medicamentos, excluyendo 11 moléculas de la lista de fármacos con acceso total. Posteriormente, en octubre, se realizó un nuevo ajuste en el vademécum, con la eliminación de otras 44 moléculas, que pasaron a formar parte de la lista de medicamentos de venta libre, perdiendo así el beneficio del 100%.

El 1 de diciembre, PAMI comunicó en la red social X que seguirá otorgando la cobertura total de medicamentos a través de un subsidio social para los afiliados que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos. Entre varios requisitos se incluyen acreditar ingresos de hasta 1,5 veces el haber mínimo, es decir, $389.397 este mes, y no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga. El dato es que, para obtener el subsidio, deben hacer un trámite , ya sea virtual o presencial. Sin embargo, no se les avisó con anticipación, y, a la fecha, muchos afiliados se encontraron con la imposibilidad de obtener la cobertura al 100%.

El regreso de Norma Plá

Todo este contexto impulsó a las personas mayores a protestar en las calles de distintas ciudades del país. La imagen de Norma Plá, ícono de la lucha de los jubilados en la década de 1990, volvió a circular en pancartas y redes sociales. Plá fue una figura emblemática en la historia de la defensa de los derechos de este sector, gracias a su incansable activismo y liderazgo. Durante la década de los noventa, fue una de las principales voces críticas contra las políticas de ajuste y recortes impulsadas por el gobierno de Carlos Menem, que incluyeron la reducción de los haberes jubilatorios y la privatización de los servicios de seguridad social.

En primera persona

Este año, durante las protestas de los jubilados, las consignas comenzaron a repetirse con fuerza frente al Congreso en Buenos Aires y en distintas ciudades de todo el país: “Todos somos jubilados, es una cuestión de tiempo”, “Con los jubilados no”; “Al final los jubilados éramos la casta”. Pero como si fuera poco con lo que ya venían padeciendo, la violencia física llegó a las manifestaciones: en más de una ocasión fueron reprimidos con golpes y gas pimienta.

En mi cobertura de las rondas de los jubilados y jubiladas en Córdoba, cada miércoles a las 11 en la plaza San Martín, pude sentir la tensión y la incertidumbre de quienes luchan por una vida digna. Alcira Steinmetz, la jubilada que lleva la bandera en las manifestaciones, comentó: “La ronda es para que se entere el gobierno que estamos vivos; aunque nos quiten medicamentos y tengamos que prescindir de una comida, no abandonaremos la lucha”.

Escuché sus reclamos y percibí la angustia que sienten frente a un gobierno que parece ignorar la realidad de las personas mayores, un presidente que habla de déficit y de empresas, de degenerados fiscales y motosierra, pero nada dice sobre la pobreza en la que se sumergen aquellas personas, ya jubiladas, que no llegan a fin de mes con sus haberes, que ruegan cobrar un bono para poder comprar todos los medicamentos o comer dos veces al día. Carlos Sosa, en una de las rondas de la plaza San Martín, decía: “Tengo 85 años, cobro la mínima y hago changas porque no me alcanza para vivir. Arreglo artefactos, a veces puedo y otras no, ya no soy un pibe”.

Frente a estos reclamos que se replicaron en los medios, la respuesta del presidente Javier Milei fue distante y carente de empatía. En una entrevista con Luis Majul en LN+, afirmó: “El poder adquisitivo de los jubilados en dólares voló”, mientras que en febrero, comentó en una entrevista con Jonatan Viale en TN: “Es el sector que tiene menos pobres”.

Mientras los jubilados siguen luchando por un mínimo de dignidad y poder adquisitivo, el gobierno busca balancear las necesidades de las personas mayores con exigencias económicas y políticas. Para muchos, la ‘casta’ excluida de la que hablaba Milei es, irónicamente, la suya.