El ambiente en el primer año de Milei
El actual gobierno nacional arrancó con una mala señal hacia los intereses ambientales: con la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para la asunción a la presidencia de Javier Milei, la Fuerza Aérea Argentina apuntó a concretar la donación al Estado ucraniano de los dos helicópteros rusos Mil Mi-17 usados para misiones de transporte, búsqueda, rescate y operaciones antárticas. Si bien estaban fuera de servicio, esto implica un debilitamiento de la infraestructura ambiental, además de involucrar a la Argentina en un conflicto bélico que no le pertenece y romper la tradición neutral del país.
En el mismo diciembre de 2023, Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que entre otros puntos derogó la Ley de Tierras, que ponía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. Con esto se habilitó la extranjerización del territorio, con la consiguiente apertura a la expoliación de los recursos naturales y pérdida de soberanía.
El paso siguiente fue la presentación del proyecto de Ley Bases, rechazado públicamente por más de 50 organizaciones por afectar la protección ambiental. Los puntos rechazados tenían que ver con la reforma del estado y reorganización administrativa, que permite la eliminación de organismos clave para la conservación como el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA); la eliminación de fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos; la reforma energética; y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El RIGI tiene privilegios equivalentes al Régimen de Inversiones para la Actividad Minera creado en 1993, que trajo la devastación ambiental y entrega de los recursos naturales de amplios sectores de la zona cordillerana, a cambio de monedas. Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones ambientales, e implican en la práctica la creación de estados dentro del Estado, ya que las jurisdicciones locales y provinciales poco y nada pueden hacer frente a los colosos económicos que se asienten en su territorio.
Otro hito contrario al ambiente fue la firma del Pacto de Mayo, que entre otros puntos establece “el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, con una visión claramente extractivista que no contempla la dimensión ambiental, a las comunidades locales y a las organizaciones de la sociedad civil.
A nivel provincial, puede recordarse la falta de apoyo oficialista a la declaración de emergencia ambiental por los incendios sufridos en Córdoba, con la excusa de falta de asignación presupuestaria. Finalmente fue aprobada, por las obvias implicancias políticas en una provincia que votó mayoritariamente al actual gobierno nacional.
Esta no pretende ser una lista exhaustiva, es sólo una muestra de la regresión acelerada en materia ambiental planteada por el gobierno de Javier Milei, donde naturaleza, seres humanos y soberanía se subordinan al poder económico e intereses extranjeros. No se vislumbra ningún atisbo de cambio – todo lo contrario – por lo que el límite está en manos de la ciudadanía organizada, y en los gobiernos provinciales y municipales.
