Provinciales

Diputados tratará un proyecto para agravar las penas a quienes provoquen incendios

La situación de los incendios forestales en Argentina es crítica y no parece que estar cerca de cambiar, al menos en el corto plazo. Córdoba vivió momentos de gran angustia el año pasado (también en muchos otros), mientras que actualmente el foco está puesto en la Patagonia, principalmente en El Bolsón.

Debido a los atenuantes ya mencionados, pareciera haber consenso en buena parte del arco político para aprobar leyes que endurezcan penas a quienes provoquen incendios. Según contó la diputada Laura Rodríguez Machado, se presentaron en total seis proyectos en la Comisión de Legislación Penal (presidida por ella misma), uno de ellos proveniente de otro cordobés: Gabriel Bornoroni.

En las últimas horas, a este panorama se le sumó el Gobierno nacional prometiendo que presentará una nueva iniciativa relacionada al tema. “Seguramente se tratarán de forma conjunta los proyectos, con el objetivo de sacar un despacho final y que ingrese en el pleno del recinto”, dijo la representante del Pro en la Cámara Baja.

Laura Rodríguez Machado, en comunicación con "Ponete al Día".

Rodríguez Machado aclaró que prácticamente todas las propuestas coinciden en “aumentar mínimos y máximos para los tipos agravados de incendios dolosos” . Otro punto central radica en quitar de cuajo la posibilidad de excarcelación, para que todos aquellos que estén involucrados en provocar un incendio sean detenidos en un establecimiento penitenciario. También se incluiría “la inhabilitación para funcionarios que puedan, con su dolo o culpa, permitir esta situación".

Este tema no será votado durante las sesiones extraordinarias, ya que las mismas vencen el próximo 21 de febrero y el plazo para emitir despachos de Comisión cierra 10 días antes de su finalización. Por lo tanto, para que ingrese al recinto habrá que esperar, al menos, hasta marzo.

¿Qué sucedería con aquellos que ya han sido condenados por delitos similares? En ese sentido, el Derecho Penal es claro al establecer que se debe aplicar siempre la ley más benigna. En este caso se trataría de la legislación que corre actualmente, por lo que, de ser aprobado alguno de estos nuevos proyectos, los nuevos agravantes no serían tenidos en cuenta.

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