Los residentes de La Oroya, Per\u00fa, conocida como una de las ciudades m\u00e1s contaminadas del planeta, obtuvieron una victoria hist\u00f3rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: a fines de marzo la CIDH dictamin\u00f3 que el estado peruano fue responsable del da\u00f1o f\u00edsico y mental que la actividad de una empresa de miner\u00eda metal\u00fargica infligi\u00f3 a 80 personas.<\/p>\n
Entre las v\u00edctimas hab\u00eda dos personas cuyas muertes, seg\u00fan determin\u00f3 el tribunal, fueron causadas por la contaminaci\u00f3n del Complejo Metal\u00fargico La Oroya, una planta centenaria de fundici\u00f3n y refinaci\u00f3n ubicada en la regi\u00f3n de la Sierra Central de Per\u00fa, a unos 75 kil\u00f3metros al noreste de Lima.<\/p>\n La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, orden\u00f3 al gobierno de Per\u00fa brindar atenci\u00f3n m\u00e9dica gratuita a las v\u00edctimas y compensar a cada individuo con m\u00e1s de 30.000 d\u00f3lares cada uno. Los representantes de las v\u00edctimas fallecidas recibir\u00e1n 65.000 d\u00f3lares cada uno.<\/p>\n Las v\u00edctimas ten\u00edan enfermedades respiratorias, card\u00edacas, cut\u00e1neas y otras documentadas, pero carec\u00edan de acceso a atenci\u00f3n m\u00e9dica adecuada a pesar de que el gobierno federal conoc\u00eda los v\u00ednculos entre la contaminaci\u00f3n del complejo metal\u00fargico y las enfermedades. El aire, el agua y el suelo de La Oroya, un pueblo de unos 33.000 habitantes, estaban tan contaminados que un perito se hab\u00eda referido a la zona como una \u201czona de sacrificio\u201d.<\/p>\n Per\u00fa tambi\u00e9n deber\u00e1 tomar medidas para penalizar a los responsables del da\u00f1o, evaluar y remediar el da\u00f1o ambiental causado por el siglo de operaciones del Complejo Metal\u00fargico La Oroya, reconocer p\u00fablicamente la mala conducta del gobierno e instalar dispositivos de monitoreo de aire, agua y suelo, entre otras exigencias del tribunal.<\/p>\n \u201cLos Estados tienen el deber de prevenir violaciones de derechos humanos producidas por empresas p\u00fablicas y privadas\u201d, escribi\u00f3 el tribunal en su dictamen de 144 p\u00e1ginas, cuyo texto se adjunta en este art\u00edculo.<\/p>\n Inaugurado en 1922, el Complejo Metal\u00fargico de La Oroya fue operado por primera vez por la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper, entre cuyos fundadores se encontraban los magnates industriales JP Morgan y Henry Clay Frick. El complejo se especializa en la fundici\u00f3n y refinaci\u00f3n de metales que tienen un alto contenido de plomo y otros metales pesados. El complejo fue nacionalizado por un per\u00edodo de unos 23 a\u00f1os que finaliz\u00f3 en 1997, cuando fue privatizado y vendido a una filial peruana del grupo Renco, de propiedad estadounidense. En 2009, las operaciones en el complejo fueron suspendidas debido a problemas ambientales y deudas. El complejo reabri\u00f3 parcialmente el a\u00f1o pasado despu\u00e9s de que la propiedad fuera transferida a una empresa parcialmente propiedad de los trabajadores del complejo.<\/p>\n El fallo de la semana pasada fue el \u00faltimo acontecimiento en una batalla legal de m\u00e1s de 20 a\u00f1os iniciada por los residentes de La Oroya, quienes en 2002 presentaron una demanda en los tribunales peruanos contra su gobierno. Aunque la Corte Constitucional de Per\u00fa dictamin\u00f3 en 2006 que el gobierno necesitaba adoptar varias medidas de salud y seguridad, los funcionarios no cumplieron con esa decisi\u00f3n judicial y la disputa finalmente termin\u00f3 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n Los defensores de los derechos humanos dicen que el fallo sienta un precedente importante para miles de comunidades en todo el mundo que se ven afectadas por cantidades extremas de contaminaci\u00f3n industrial del aire, el agua y el suelo.<\/p>\n David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, elogi\u00f3 el fallo como una de las decisiones judiciales m\u00e1s firmes jam\u00e1s adoptadas en un caso ambiental y dijo que la sentencia es un momento decisivo para la aplicaci\u00f3n del derecho humano a un medio ambiente saludable, hoy en d\u00eda aceptado por 161 naciones.<\/p>\nLarga lucha<\/h4>\n
Implicancias<\/h4>\n