El fiscal Javier Augusto De Luca, titular de la Fiscal\u00eda N\u00b04 ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, present\u00f3 un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
Su presentaci\u00f3n cuestiona el fallo emitido por la Sala II de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, que el pasado 24 de junio rechaz\u00f3 un recurso impulsado por los fiscales Jos\u00e9 Luis Ag\u00fcero Iturbe y Sergio Rodr\u00edguez contra una decisi\u00f3n judicial que hab\u00eda dejado sin efecto una investigaci\u00f3n por presuntas irregularidades en licitaciones del Ministerio de Salud.<\/p>\n
La causa, originada en 2020 a partir de una denuncia de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos del Ministerio de Salud, apuntaba a una serie de maniobras sospechosas durante la renegociaci\u00f3n de tres licitaciones entre 2016 y 2019. <\/p>\n
Estas contrataciones ten\u00edan como fin la provisi\u00f3n de medicamentos esenciales para el Programa Nacional \u201cRemediar\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan la hip\u00f3tesis fiscal, funcionarios p\u00fablicos y empresarios habr\u00edan pactado precios reducidos antes de las licitaciones para ganar los concursos, para luego solicitar un reajuste econ\u00f3mico que, al ser aprobado, les garantizaba mayores m\u00e1rgenes de ganancia. Todo esto se habr\u00eda canalizado a trav\u00e9s de expedientes administrativos que daban una apariencia de legalidad, sin cumplir con los requisitos normativos exigidos para justificar una modificaci\u00f3n contractual.<\/p>\n
El juzgado de primera instancia determin\u00f3 que los procedimientos administrativos hab\u00edan sido respetados y descart\u00f3 la existencia de beneficio personal por parte de los imputados, se\u00f1alando que el objetivo era asegurar la llegada oportuna de los medicamentos. En base a esta interpretaci\u00f3n, dict\u00f3 el sobreseimiento de ocho exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas (PIA) apel\u00f3 la decisi\u00f3n, pero en marzo de 2024 la Sala I de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratific\u00f3 el sobreseimiento. Los jueces de esa instancia consideraron que la renegociaci\u00f3n se dio en un contexto econ\u00f3mico vol\u00e1til que justificaba los ajustes de precio, y que no se hab\u00eda actuado con discrecionalidad indebida.<\/p>\n
Ante ese fallo, Ag\u00fcero Iturbe y Rodr\u00edguez interpusieron un recurso de casaci\u00f3n, que fue desestimado por la Sala II de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n. Fue este rechazo lo que motiv\u00f3 la intervenci\u00f3n del fiscal De Luca, quien consider\u00f3 que se hab\u00eda cometido una arbitrariedad judicial que imped\u00eda avanzar con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
En su escrito ante la Corte, De Luca argument\u00f3 que el caso fue cerrado prematuramente sobre la base de fundamentos dogm\u00e1ticos y una evaluaci\u00f3n fragmentada de las pruebas, sin permitir que el proceso llegara a la etapa de juicio oral. A su juicio, esto vulnera el principio de contradicci\u00f3n y perjudica al Ministerio P\u00fablico Fiscal, que no pudo presentar ni debatir pruebas de manera adecuada.<\/p>\n
De Luca enfatiz\u00f3 que la prueba reunida no permit\u00eda descartar, con el grado de certeza requerido, la posible comisi\u00f3n de delitos. Sostuvo que los indicios apuntaban a posibles hechos de corrupci\u00f3n disfrazados como simples desprolijidades administrativas, lo cual merec\u00eda una evaluaci\u00f3n m\u00e1s profunda. Tambi\u00e9n critic\u00f3 que se haya ignorado el incumplimiento de los criterios legales previstos en el art\u00edculo 96 del decreto 1030\/2016, necesarios para justificar una renegociaci\u00f3n contractual v\u00e1lida.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la actuaci\u00f3n de los imputados violaba compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupci\u00f3n, en especial las convenciones interamericana y de Naciones Unidas.<\/p>\n
Finalmente, De Luca expres\u00f3 que las fallas en la argumentaci\u00f3n de los tribunales inferiores invalidan la resoluci\u00f3n recurrida como acto jurisdiccional y pidi\u00f3 a la Corte que revoque lo decidido y permita continuar con el proceso judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El fiscal Javier Augusto De Luca, titular de la Fiscal\u00eda N\u00b04 ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, present\u00f3 un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.
\nSu presentaci\u00f3n cuestiona el fallo emitido por la Sala II de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, que el pasado 24 de junio rechaz\u00f3 un recurso impulsado por los fiscales Jos\u00e9 Luis Ag\u00fcero Iturbe y Sergio Rodr\u00edguez contra una decisi\u00f3n judicial que hab\u00eda dejado sin efecto una investigaci\u00f3n por presuntas irregularidades en licitaciones del Ministerio de Salud.
\nLa causa, originada en 2020 a partir de una denuncia de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos del Ministerio de Salud, apuntaba a una serie de maniobras sospechosas durante la renegociaci\u00f3n de tres licitaciones entre 2016 y 2019.
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