Argentina flexibilizó los requisitos para sociedades extranjeras que operan en el país
El Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, anunció, en una reunión con representantes de la Cámara Argentino-Británica (Brit-Cham), la implementación de cambios en el régimen aplicable a las sociedades extranjeras, con el objetivo de “promover inversiones genuinas para la reconstrucción y desarrollo económico del país”.
Durante el encuentro, Vítolo destacó la necesidad de facilitar el ingreso y la operación de sociedades constituidas en el extranjero en Argentina.
En este sentido, adelantó la elaboración de un nuevo conjunto de disposiciones que reemplazarán a la Resolución General IGJ Nº 7/2015, “con miras a establecer un sistema más moderno, integral y armonioso que fomente la inversión extranjera y contribuya a la generación de empleo”.
El Inspector General explicó que se espera concluir este nuevo cuerpo legal para la primera semana de julio del presente año, señalando la importancia de adoptar medidas transitorias e inmediatas mientras se implementa el nuevo marco normativo.
Las sociedades extranjeras ya no están obligadas a cumplir con la normativa nacional para operar en el país. Además, se elimina la obligación de declarar la salida de fondos o activos, como es el caso del litio.
Entre las medidas inmediatas anunciadas se incluye la publicación de una resolución general que, aunque parcial y transitoria, tiene como objetivo resolver los inconvenientes que enfrentan los inversores extranjeros para llevar a cabo sus actividades en Argentina.
Las nuevas normas de facilitación de las inversiones extranjeras incluyen la apertura de criterios para una actuación más amplia de las sociedades de inversión, la reducción de las exigencias para el cumplimiento del Régimen Informativo Anual, la eliminación del requisito de presentar planes de inversión en casos donde las sociedades extranjeras solo participen como socios o accionistas de empresas locales, y el reconocimiento por parte de la Inspección General de Justicia de la inscripción obtenida por estas sociedades en jurisdicciones provinciales, entre otros aspectos.
La resolución que establece se publicó en el Boletín Oficial el miércoles 27 de marzo.
