Córdoba: en qué consiste el protocolo que elabora la Justicia para los «naranjitas»
La Justicia de Córdoba elabora unprotocolo para regular la actividad de los “naranjitas” para estandarizar el abordaje que involucre el cobro indebido de estacionamiento en la vía publica, violaciones al Código de Convivencia y demás hechos violentos que puedan darse en la vía publica.
La Fiscalía General designó a los fiscales para su confección: Lourdes Quagliatti y Marcelo Fenoll, actualmente funcionarios de instrucción.
La situaciones de violencia urbana y de cobros excesivos, así como de amenazas o extorciones que viven muchos automovilistas con los cuidacoches y sospechas de vínculos con agrupaciones delictivas mayores, han motivado la regulación.
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El protocolo integrará una labor conjunta con diversos actores intervinientes en el tema, desde la Municipalidad de Córdoba, la Policía de la Provincia y los organizadores de eventos masivos, tanto deportivos como artísticos, donde se presume puede darse el desarrollo irregular de esta tarea.
El objetivo es la prevención y en caso de una falta al Código de Convivencia –como el cobro indebido-, o el despliegue intimidatorio del “naranjita” (extorsión o amenaza) donde exija el pago de una suma de dinero, haya un accionar claro de la Policía.
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El fiscal Marcelo Fenoll, en diálogo con este medio, expresó: “Vamos a avanzar en establecer cuáles son los pasos que debe seguir la Policía, tanto en flagrancia o ante el reclamo de los clientes o persona que se sienta afectada”.
El fiscal Marcelo Fenoll, en diálogo con este medio, expresó: “Vamos a avanzar en establecer cuáles son los pasos que debe seguir la Policía, tanto en flagrancia o ante el reclamo de los clientes o persona que se sienta afectada”.
La idea es que los clientes puedan denunciar estas situaciones y garantizarles el cuidado de sus datos, para evitar represalias personales como al vehículo.
En una primera instancia la Policía abordará la situación y luego la Fiscalía llamará al denunciante para profundizarla.
"Tener un procedimiento rápido que no involucre demoras innecesarias y que no quede identificado el vehículo", destacó.
"Tener un procedimiento rápido que no involucre demoras innecesarias y que no quede identificado el vehículo", destacó.
El Código de Convivencia pena el cobro indebido
La Ley provincial 10.326, el “Código de Convivencia”, establece entre su articulado, sanciones al cobro del estacionamiento de los naranjitas cuando no tienen autorización.
El artículo 60, expresa: "Cuidado de vehículos sin autorización legal. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que sin acreditar habilitación de la autoridad competente exigieren retribución económica por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de vehículos en la vía pública.
Sin embargo, vale recordar que el mismo artículo hace la salvedad, cuando se paga de manera voluntaria: “No resulta aplicable la sanción prevista en este artículo cuando la retribución sea efectuada de manera voluntaria por el propietario del vehículo”.
Sin embargo varios actores de la oposición remarcan que esa normativa “no se cumple”.
El sistema de las Cooperativas
Córdoba le dio cierta regulación implementando el sistema de cooperativas. Así se organizó el rubro y les dio una pechera de color naranja. Actualmente hay 7 cooperativas que prestan el servicio. No hay cifras oficiales de cuántos naranjitas hay en la ciudad. El último fue en 2017 y eran 293.
Entre los puntos que se tratarán en este protocolo, se incluye el “reordenamiento” del vínculo de las Cooperativas con las municipalidades, que le conceden el cobro del estacionamiento tarifado.
El pedido de prohibir la actividad de los “naranjitas”
El legislador Gregorio Hernández Maqueda elevó un pedido a la Legislatura con la modificación de sistema, buscando prohibir que los “naranjitas” cobren el estacionamiento y que sólo lo hagan los funcionarios públicos.
"El cuidado de vehículos serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UN) o arresto de hasta tres (3) días quienes no siendo funcionarios públicos designados para tal tarea, exigieran retribución económica por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de vehículos en la vía pública”, expresa el proyecto.
Maqueda asegura que la “mayoría de la población” está en contra de este sistema.
Respecto al futuro de estos trabajadores, apunta a brindarles formación y adecuar políticas con el Ministerio de Desarrollo Humano para que se desarrollen en oficios.
