La novela de las prepagas: el gobierno pedirá una cautelar para retrotraer los precios
Hay material para una larguísima crónica, que comenzó con la decisión del gobierno nacional de eliminar los controles de precio para el sector.
Entonces comenzó una escalada de precios y en paralelo los intentos por frenarla de particulares, que obtenían cautelares y fallos a favor ya desde mediados de marzo; y polémicas, como el Ministro Caputo diciendo: "Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media" o Sturzenegger contradiciéndolo en defensa de la fuerte suba, hasta la versión de que el gobierno perseguiría legalmente por cartelización a las líderes del sector.
Por fuera de las polémicas, los datos objetivos se resumen dramáticamente en un informe oficial que solicitó el gobierno, elaborado a partir de la evolución de precios de las cinco empresas más importantes del sector. Las subas entre enero y abril oscilaron entre 142,7% y 163,9%.
La inflación acumulada para el período correspondiente dependerá del número de abril, pero asumiendo algo parecido a marzo, el aumento de las prepagas casi triplica la inflación.
Aunque nadie lo confirme públicamente, se han roto todos los puentes entre gobierno y empresas, después del fracaso de diversos diálogos que se fueron frustrando.
Al parecer, en esas aproximaciones se consideraba el mismo modelo que estuvo en funciones durante el gobierno anterior. “Nosotros paramos los aumentos y ustedes (el gobierno) frena la suba de insumos y medicamentos”, habría sido el mantra de las prepagas.
Demasiado para el anarco capitalismo del gobierno.
Ahora, los trascendidos indican que el Gobierno espera presentar mañana una cautelar pidiendo retrotraer precios. Es algo similar a lo que muchos afiliados, de forma particular, comenzaron a hacer desde principios de año.
La base es la hipótesis de cartelización, una “conducta abusiva coordinada” según la denuncia en curso. Pero, además de la denuncia por presunta cartelización (que presentará ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio), se prepara una medida cautelar para pedir a la justicia “retrotraer precios a enero o a febrero”.
Consultados sobre la posibilidad de volver a los valores anteriores, desde el sector privado de la salud respondieron que “generaría un grave colapso en el sistema, porque no solo los precios de las cuotas retrocederían, sino también lo que perciben los prestadores”.
Pero el desencanto se destila puro, cuando afirman: “el gobierno no cumple su principal promesa: sacarnos el pie del estado de encima y permitir que funcione el libre mercado”.
La novela, continuará…
