Nuevo revés judicial del Gobierno por la retención de alimentos para comedores
El gobierno nacional tuvo un nuevo revés judicial, en torno a la causa del reparto de alimentos retenidos en galpones a cargo del Ministerio de Capital Humano, después que este miércoles la Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar que dispuso el juez federal Sebastián Casanello.
Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron el planteo que hizo ministerio que conduce Sandra Petovello sobre una presunta injerencia judicial sobre las políticas públicas y advirtieron que la ministra podría incurrir en el delito de "desobediencia a una orden judicial".
La investigación que dirige Casanello se originó por una denuncia del dirigente social Juan Grabois sobre la suspensión de entrega de alimentos a comedores comunitarios.
Después el medio El Destape publicó que el gobierno retenía 5 millones de kilos de alimentos en dos galpones ubicados en Tafí del Valle (Tucumán) y en Villa Martelli (Buenos Aires).
En este contexto Casanello le ordenó al gobierno que en un plazo de 72 horas informe el plan de entrega de los alimentos. Sin embargo la administración de Javier Milei apeló el fallo, primero negó la existencia del stock, después admitió que se trataba de alimentos para "catástrofes" y por último echó al funcionario a cargo del manejo de la mercadería y dispuso un protocolo para repartir los productos que vencen en julio.
El camarista Iruzun en su voto señaló: "No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
En paralelo el magistrado Farah instó a la ministra Petovello a cumplir con la orden judicial en un plazo de 24 horas. “En aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma”, señaló.
El tribunal también incluyó cuestionamientos a los representantes de las partes involucradas, el dirigente Juan Grabois y representante de Capital Humano Leila Gianni, quienes intercambiaron insultos y chicanas frente a los jueces.
Por unanimidad los camaristas ordenaron "el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.
