Justicia y oposición piden explicaciones por los diputados que visitan represores

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendrá que explicar cómo se gestó la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza para reunirse con los genocidas que están allí presos. Las explicaciones fueron requeridas este viernes mientras crecía el escándalo por el encuentro entre los legisladores oficialistas y los represores.

El 11 de julio pasado, Alfredo Astiz recibió visitas: una comitiva integrada por los diputados nacionales Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, todos del bloque de La Libertad Avanza.

Con Astiz estaban otros represores como Antonio Pernías, Adolfo Donda, Carlos Suárez Mason (hijo) y Honorio Carlos Martínez Ruiz. La información se conoció esta semana a través de una publicación de La Política Online, y generó una avalancha de reacciones.

Astiz tiene dos condenas a perpetua dictadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel Obligado es el juez de ejecución y en ese rol, le envió este viernes un oficio a la ministra Patricia Bullrich para que con “carácter urgente” informe cómo fue el trámite administrativo para que los seis diputados de LLA entraran a la cárcel.

La empatía del gobierno con los represores encendió todas las alarmas. En Comodoro Py, el comentario de los jueces es que la visita sale de lo ordinario y que, en todo caso, debe ser tomada como una reunión entre presos y diputados nacionales. El encuentro fue organizado por Benedit, quien ya había estado antes en Ezeiza y se había comprometido a volver con otros legisladores.

A partir de que se conoció la reunión en Ezeiza, Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la comisión de crímenes contra la humanidad de ese tribunal, exhortó a Obligado a averiguar cómo se había organizado el encuentro y a tomar las medidas que fueran necesarias.

Se espera que en el transcurso de la semana Bullrich responda al oficio de Obligado. Informalmente había trascendido que Benedit había coordinado la excursión con Fernando Martínez, titular del SPF.

Después de que tomó estado público la visita, Benedit hizo un descargo en un chat de LLA en el que rechaza referirse a Astiz y compañía como represores y los llamaba “excombatientes que libraron batallas en la lucha contra la subversión marxista”. Esos dichos le valieron una denuncia por apología del crimen que fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La presentación quedó radicada en el juzgado federal 6, a cargo de Ariel Lijo.

Piden la expulsión de los diputados

Desde el bloque de Unión por la Patria se presentó un proyecto para expulsar a los miembros de La Libertad Avanza, que deberá ser tratado en la cámara baja. “Es inadmisible que exista vinculación entre legisladores y los genocidas”, dijo a Página/12 Gisela Marziotta, impulsora del pedido de remoción.

La diputada opositora añadió que el reglamento de la Cámara baja “establece que la expulsión es la medida más severa que puede tomar el cuerpo sobre sus miembros”. A su vez, se mostró confiada en la posibilidad de un acuerdo con otros bloques para lograr aprobar el pedido de expulsión. “Soy optimista para que prospere este pedido de expulsión porque apelo a la responsabilidad de quienes formamos parte de la Cámara de Diputados”, sostuvo.

El bloque de Unión por la Patria expresó en conjunto su repudio y reafirmó el “compromiso con el respeto a la democracia” por la “memoria, verdad y justicia”. La Unión Cívica Radical aseguró que lo ocurrido es “una afrenta a las víctimas, sus familias y a todo el pueblo argentino, que decidió hace 40 años vivir en democracia y bajo la protección de la Constitución”, mientras que desde el Frente de Izquierda denunciaron que la visita “los convierte en cómplices del genocidio”. Hasta ahí, nada sorprendente.

Pero algunos de los rechazos y cuestionamientos son “fuego amigo”. Por un lado, el mismísimo diputado del PRO Cristian Ritondo, le reclamó al presidente de la Cámara Martín Menem que sancione a los diputados que visitaron a los represores en Ezeiza. El planteo habría sido concensuado con Miguel Picheto.

Pero las sorpresas más grandes están entre los propios libertarios. Por un lado, la diputada Rocío Bonacci acusó a Beltran Benedit de haber hecho una invitación engañosa para reunirse con genocidas: "nos dijeron que era para tomar contacto con el sistema penitenciario". Amenaza con romper el bloque si no le dan alguna respuesta.

Un poco más allá aun van las definiciones del diputado Carlos D’Alessandro. El legislador de La Libertad Avanza se diferenció de sus compañeros de bancada y avisó que está dispuesto a respaldar el pedido de Unión por la Patria. En ese sentido, dijo estar “totalmente en contra de ir a visitar a tipos que han hecho un estrago en la Argentina, violadores de las libertades individuales” que “están bien detenidos y se tendrían que pudrir en la cárcel”.

Desde la CGT también expresaron su repudio a la visita y denunciaron “un avance negacionista”, al igual que diversos espacios políticos. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó despegar al Gobierno en la conferencia del último viernes al sostener que el accionar de los diputados "no fue representativo del oficialismo".
Diversos espacios políticos también manifestaron su rechazo a la visita de los diputados libertarios.

Excusas en la Casa Rosada

El Gobierno evitó condenar la visita a los genocidas. El mensaje que se bajó en la Casa Rosada es que no puede decir que el hecho sea “repudiable o no” y que el gesto de respaldo a los represores “fue parte de la agenda personal de los diputados”.

El borroso pronunciamiento del Poder Ejecutivo estuvo a cargo del vocero Manuel Adorni, quien se esforzó por relativizar el caso y por despegar al Presidente y al partido que representa. "Es una agenda personal de los diputados, que además ni representan a la totalidad del bloque ni al Poder Ejecutivo porque son parte del Poder Legislativo”, señaló.

Como suele ocurrir, aunque la pregunta sea concreta, la respuesta de Adorni es gaseosa. Se le preguntó concretamente si el Gobierno avalaba esa visita o si acompañaba la investigación que el Congreso debería iniciar para analizar eventuales sanciones. “Es algo personal de cada diputado”, estimó. “Condenamos todo lo que esté en contra de la ley, pero no nos metemos con la agenda personal de los diputados estemos o no de acuerdo, nos parezca repudiable o no”.