Chau AFIP, hola ARCA: el gobierno oficializó los cambios
A días del anuncio, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en medio de las reformas que impulsa el presidente Javier Milei en lo relacionado con la estructura del Estado.
Tal como se anticipó, el organismo será reemplazado por la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, mediante el decreto 953/2024, que establece: “Disuélvese la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica actuante en la órbita del Ministerio de Economía, con los efectos y alcances establecidos en el presente decreto”.
A su vez, el Ejecutivo creó formalmente la ARCA, que también estará bajo la órbita de Luis Caputo. Según indica la normativa, esta entidad “es la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a la AFIP hasta la fecha de publicación de las normas y la Estructura Orgánica y Funcional”.
Así, se hace efectivo lo que había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni a días atrás. “El Gobierno anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir”, sintetizó. El decreto modifica la conducción del ente recaudador, puesto que tendrá un director ejecutivo y dos directores generales, de los que dependerán la gestión impositiva y aduanera.
Al mismo tiempo, tal como se había anticipado, la reforma implica una fuerte reducción del personal, lo que disparó las alarmas entre el personal de la dependencia, que inmediatamente se declaró en “Estado de Alerta y Movilización”.
Sucesivamente, mediante el decreto 954/2024, fueron designadas las autoridades que estarán a cargo de la ARCA. La conducción del organismo continuará en manos de Florencia Misrahi. Este cargo tiene una duración de cuatro años y quien ocupe ese lugar puede ser designado en sucesivos períodos, “siendo un requisito ineludible el previo cumplimento del plan de gestión del mandato anterior”. Fueron nombrados también Andrés Edgardo Vázquez, que estará a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI); y José Andrés Velis, de quien dependerá la Aduana.
Según explicaron desde el Gobierno una vez que se conoció la noticia, la ARCA tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual”. Con esto, “habrá un 34% menos de ravioles”.
De igual forma, el artículo 5° de la normativa establece que el personal de la AFIP “mantendrá su situación de revista alcanzada en su carrera administrativa”, por lo que aún resta conocer las medidas complementarias que tomará la gestión en lo relacionado con la estructura funcional y orgánica del nuevo organismo.
En el considerando de la norma, el Ejecutivo alega que la AFIP “se ha sobredimensionado tanto en su estructura organizacional como en la multiplicación de sectores que no desempeñan, estrictamente, funciones esenciales”. “La estructura y funcionamiento de la AFIP han mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras”, agrega la norma.
El Gobierno sostiene que la ARCA “propiciará un aprovechamiento más racional de los recursos humanos y materiales, al permitir la especialización y capacitación del personal en sus respectivas áreas de competencia contribuyendo a mejorar la calidad del régimen impositivo, de la seguridad social y aduanero y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas sociales y regulatorias que corresponden a cada área”.
Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, precisó días atrás, que “toda la reducción de gasto es un alivio para el contribuyente”.
La opinión de varios especialistas sin embargo, no coincide con estos diagnósticos. En principio, los cambios impulsados podrían llevar a un debilitamiento de la capacidad recaudatoria y a un reordenamiento de las prioridades de control del nuevo organismo.
