Imputan a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Córdoba por abuso de autoridad
El fiscal de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, y el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, imputaron a Abel Sánchez Torres y a Graciela Montesi, las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
También fueron imputados los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores. La causa investiga presuntos hechos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionarios público, falsedad ideológica y coacción.
Será el juez Alejandro Sánchez Freytes el que deba analizar la solicitud del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por el momento rige el secreto de sumario.
En septiembre del año pasado, en el programa Fuerte y Claro, se conoció la denuncia de Celina Laje Anaya, exsecretaria del tribunal, quien acusaba a Sánchez Torres, a Montesi y a Olmedo de hostigamiento, coacción y abuso de autoridad tras negarse a firmar un certificado que consideró ilegal.
Allí se revelaba que el pedido de Sánchez Torres tenía como objetivo influir en la conformación del tribunal en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la empresa cerealera Bunge.
La investigación de Turano y Hairabedián busca descubrir si se violaron los reglamentos y si se intentó beneficiar a la empresa con distintas maniobras.
El problema de las vacantes en la Cámara de Apelaciones
La Cámara Federal de Apelaciones debería estar integrada por siete jueces. Esto para que la conformación para las distintas causas se repita la menor cantidad de veces. Actualmente, en Córdoba solo están designados cuatro de los siete necesarios, y dos de ellos, Sánchez Torres y Montesi, serían pareja.
La conformación de la cámara es importante porque controla lo que hacen los tres jueces federales del distrito Córdoba y de otros distritos. Con las vacantes que no se cubren, en muchos casos quedan Sánchez Torres y Montesi juntos, lo que resulta llamativo.
